Migraciones, bajo un nuevo mando y con giro de fondo

El gobierno de Javier Milei se prepara para introducir un cambio profundo en la política migratoria argentina, con una reconfiguración institucional que apunta a endurecer los controles y reforzar la capacidad del Estado frente al delito transnacional. En ese marco, Diego Valenzuela asoma como el nombre elegido para conducir la futura Agencia Nacional de Migraciones, un organismo que reemplazará el esquema vigente y contará con atribuciones ampliadas.

La decisión política está tomada, aunque todavía no fue oficializada. En la Casa Rosada explican que la designación se anunciará recién cuando esté cerrado el diseño completo de la nueva agencia: su misión, el alcance de sus facultades, el organigrama interno y los mecanismos de coordinación con las fuerzas de seguridad. La firma final del Presidente y la publicación de las normas de aplicación son los pasos que restan para formalizar el nombramiento.

El cambio no es menor. Hasta ahora, Migraciones funcionó como una dirección nacional con perfil administrativo, enfocada en trámites de residencia, ciudadanía y control documental. Para el actual oficialismo, ese modelo quedó asociado a una política de fronteras laxas, con escasas herramientas para prevenir el ingreso de personas con antecedentes penales o actuar con rapidez ante delitos cometidos por extranjeros.

El nuevo esquema propone un salto cualitativo: transformar Migraciones en una agencia nacional con mayor autonomía y un rol activo en la seguridad interior. El traslado del área desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Seguridad fue la primera señal concreta de ese viraje. En el Gobierno lo interpretan como parte de una estrategia más amplia que incluye reformas estructurales y una "batalla cultural" en temas sensibles como trabajo, impuestos y migración.

La figura de Valenzuela condensa ese rumbo. Intendente de Tres de Febrero en uso de licencia, senador bonaerense y dirigente cercano a Patricia Bullrich, fue uno de los primeros referentes del PRO en alinearse con La Libertad Avanza. Su eventual llegada al organismo es leída como una señal política clara: la gestión migratoria dejará de ser un área técnica para pasar al centro del debate sobre seguridad y control de fronteras.

El endurecimiento del enfoque contrasta de manera explícita con el modelo aplicado durante los gobiernos kirchneristas, en particular con el Plan Patria Grande, que promovió la regularización masiva de migrantes y limitó las posibilidades de expulsión inmediata. Desde el oficialismo sostienen que ese esquema debilitó la capacidad estatal y dejó vacíos frente a la delincuencia organizada. El nuevo paradigma apunta a criterios de admisión más estrictos, mayor control en pasos fronterizos y una respuesta más rápida ante situaciones de riesgo.

La futura agencia tendrá una impronta de coordinación operativa con las fuerzas federales. Un punto clave será la articulación con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que cumple un rol central en aeropuertos y pasos internacionales. La reciente renovación de autoridades en la PSA se inscribe en ese proceso de integración que busca reducir la fragmentación actual y acortar los tiempos de intervención del Estado.

El Gobierno observa experiencias internacionales como referencia. Estados Unidos y varios países europeos avanzaron en las últimas décadas hacia modelos que vinculan migración y seguridad nacional, con agencias especializadas y personal con mayores facultades. La intención oficial es alinear a la Argentina con esos estándares, dejando atrás la lógica de apertura amplia que predominó en el pasado.

Aunque el rumbo está definido, aún quedan detalles por resolver. La estructura final de la agencia, sus competencias específicas y el marco normativo están siendo trabajados por la Secretaría General de la Presidencia. Por eso, el anuncio formal se hace esperar. En Balcarce 50 prefieren cerrar todo el esquema antes de avanzar, conscientes de que se trata de una reforma institucional sensible y de alto impacto político.

Si se concreta la designación de Valenzuela, el Gobierno dará un paso decisivo en la redefinición de la política migratoria. El mensaje ya está claro: más controles, mayor peso de la seguridad y un quiebre explícito con el enfoque de las últimas décadas. Solo resta el acto administrativo que termine de sellar el cambio.