Un ministro de Cornejo dijo que el veto de Milei al financiamiento universitario "no suma"

El ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, también se refirió al veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial Docente, aunque la ley buscaba garantizar fondos específicos para las universidades y actualizar los gastos de funcionamiento por inflación.

La FUA confirmó marcha nacional tras el veto de Milei 

El funcionario de Cornejo consideró que la decisión del Poder Ejecutivo "no suma" en la búsqueda de estabilidad en el financiamiento educativo.

Agregó, además, que "nosotros estamos ahí empujando y peleando para que la educación en general y especialmente la educación que nos toca a las provincias también tenga su garantía presupuestaria de presupuestos mínimos otorgados por el Gobierno Nacional. Se han recortado un montón de programas o de financiamiento que estaban establecidos por ley y de fondos que eran, inclusive, para pago de salario docente, como era el Fonid. Esa pelea la seguimos dando: la damos en el Consejo Federal y la damos también en lo que se denomina el Consejo de Mayo, que es donde se incluyó el tema de educación como uno de los puntos. Nosotros estamos tratando de que eso sea tenido en cuenta por el Gobierno Nacional", concluyó.

Los puntos clave del Proyecto de Ley vetado:

El Proyecto de Ley de "Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente" Nº 27.795 buscaba:

La norma planteaba medidas claras para consolidar el financiamiento de la Universidad Pública en todo el país. A continuación, se resumen los puntos centrales:

• Garantizar el financiamiento: Establecía como objeto "garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA".
• Partidas presupuestarias específicas: Determinaba que el Poder Ejecutivo Nacional debía definir partidas presupuestarias destinadas al programa 26 "Desarrollo de la Educación Superior" para:
• Afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado.
• Garantizar la formación continua.
• Asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes.
• Incrementar recursos para tecnología digital.
• Impulsar la formación y fortalecimiento del personal.
• Ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias.
• Promover la función de extensión universitaria.
• Desarrollar la función de investigación.
• Prever la provisión y mantenimiento de infraestructura y equipamiento.
• Impulsar la internacionalización inclusiva de la enseñanza, investigación y extensión.
• Asegurar y profundizar programas de bienestar estudiantil e incrementar la inversión en becas.
• Actualización por IPC: Encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional actualizar al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.

La objeción total al proyecto de ley se fundamenta en la visión del Gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado. Sin embargo, la medida abre un nuevo frente de conflicto con un sector que reclama mayores fondos para garantizar la calidad y accesibilidad de la educación superior.