Juicio por YPF: Argentina reafirmó que el oro del Banco Central no puede ser ejecutado
Presentó una declaración jurada ante la jueza Preska, en Nueva York, tras un requerimiento del tribunal y sostuvo que las reservas están protegidas por inmunidad soberana y bajo control exclusivo del BCRA.
En el marco del litigio por la expropiación de YPF, la República Argentina entregó una declaración jurada ante la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, luego de haber rechazado previamente aportar datos sobre las reservas de oro del Banco Central. En ese documento, los abogados del Estado ratificaron que esos activos no pueden ser embargados en Estados Unidos por tratarse de bienes amparados por la inmunidad soberana.
Desde la Procuración del Tesoro explicaron que la presentación fue realizada por el secretario Legal y Técnico del Ministerio de Economía y que allí se consignó la información disponible en esa cartera, incluida la consulta efectuada al ministro Luis Caputo, así como referencias generales sobre la localización del oro. Sin embargo, subrayaron que la postura oficial se mantiene inalterable: la administración de esas reservas corresponde únicamente al BCRA, que posee autonomía institucional.
En la misma línea, indicaron que también se solicitó opinión al Ministerio de Seguridad y a la autoridad monetaria. Según señalaron, el Banco Central advirtió que revelar detalles sobre el oro implicaría afectar su independencia funcional, argumento que -aseguraron- ya fue presentado en escritos anteriores y en audiencias ante el tribunal.
El reclamo de los demandantes se originó el 21 de enero pasado, cuando los fondos que obtuvieron un fallo favorable contra la Argentina solicitaron que el país informara dónde se encuentra el metal, qué movimientos registró y en qué cuentas está depositado. El pedido se inscribe en las causas iniciadas por Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management, en las que la Justicia estadounidense condenó al Estado a pagar US$16.100 millones por la estatización de la petrolera.
Los acreedores sostienen que el Gobierno viene demorando de manera sistemática la entrega de datos necesarios para avanzar con la ejecución de la sentencia, entre ellos los vinculados a más de US$1000 millones en oro. Por eso, reclamaron que se ordenara la presentación de una declaración jurada detallada y la comparecencia de un funcionario con capacidad para responder sobre el tema. También pidieron que, si la Argentina argumenta que no maneja esa información por depender del Banco Central, se convoque a una audiencia probatoria con autoridades que tengan conocimiento directo, incluido el propio Caputo.
Hasta ahora, Preska no resolvió ese planteo ni dispuso una audiencia específica. En los escritos judiciales, los demandantes afirmaron que vienen solicitando estos datos desde mayo de 2024 a través de mecanismos formales de discovery y que, incluso después de una orden de agosto de 2025 para que el país presentara un testigo, la Argentina habría enviado a una persona sin preparación suficiente.
La defensa local, por su parte, apeló todo el proceso de producción de prueba ante la Cámara del Segundo Circuito y mantiene vigente un pedido de suspensión que la magistrada aún no definió. En paralelo, continúa en trámite la apelación de fondo contra la condena por US$16.100 millones.
