edad de imputabilidad

Un relevamiento de 715 casos realizado por Demokratía muestra respaldo mayoritario a la reforma penal juvenil. Aunque la mayoría afirma estar informada sobre el debate, uno de cada cuatro consultados no tiene una posición definida.

La normativa 27.801, ya promulgada, establece un régimen penal específico para adolescentes de 14 a 18 años, con sanciones que priorizan medidas educativas y un máximo de 15 años de privación de libertad.

La discusión volvió con fuerza. El proyecto para reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad ya tiene media sanción y el debate político está instalado. Escribe Eduardo Muñoz.

En diálogo con el programa radial "Tenés que saberlo" por Radio Post, Luis Petri defendió el proyecto, Aseguró que la iniciativa prioriza la responsabilidad penal con enfoque progresivo, incorpora medidas socioeducativas y responde a una deuda histórica con las víctimas.

La ministra de Seguridad respaldó la reforma penal juvenil y aseguró que en Mendoza "no hay conflicto" con la fuerza. Habló de reincidencia, narcotráfico y el reclamo salarial en otras provincias.

Adolfo Sánchez Alegre, presidente de ADePRA y especialista en régimen penal juvenil, sostuvo en Radio Post que la reforma es necesaria, pero cuestionó que bajar la edad a 14 años no resolverá el problema de seguridad. Alertó sobre la falta de financiamiento y defendió un enfoque preventivo basado en datos empíricos y estándares internacionales.

La sesión fue convocada para las 11 y el Gobierno apuesta a conseguir media sanción para el nuevo Régimen Penal Juvenil y la ratificación del tratado Mercosur-Unión Europea, dos ejes centrales de su agenda en extraordinarias.

Tras enviarlo a Diputados y no reunir apoyos suficientes, el Ejecutivo retiró la iniciativa que proponía bajar el límite a 13 años y retomará el dictamen previo, que incluye acuerdos con provincias y un costo fiscal superior a $23.700 millones.

El Indec difundirá el IPC de enero en medio de cambios internos, la CGT marchará contra la reforma laboral y el Congreso debatirá dos proyectos centrales del plan oficial: empleo y régimen penal juvenil.

La cárcel como síntoma de un Estado que llegó tarde a todas partes.

El exdirector de Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza apoyó discutir una reducción de la edad penal, pero advirtió que el eje no es castigar sino intervenir a tiempo. Habló de bandas, barrios vulnerables, fallas del sistema y por qué "sale muy difícil habilitar" a algunos adolescentes para salir de la carrera delictiva.

La Casa Rosada acelera los proyectos laboral y penal, mientras negocia votos en el Senado y enfrenta resistencias por el impacto fiscal en las provincias.

En este artículo, Emilio García Méndez desarma las apariencias del debate sobre la cuestión penal juvenil y expone las responsabilidades políticas, judiciales y democráticas que han sostenido, durante más de cuatro décadas, un régimen heredado de la dictadura, mientras se insiste en reformas superficiales incapaces de mejorar la seguridad.

Ante el inminente debate en el Congreso por la baja de la edad de imputabilidad, Sergio Bruni cuestiona las miradas simplistas y propone correr el eje del número hacia el diseño de un sistema penal juvenil eficaz. Con datos comparados y el caso James Bulger como referencia, sostiene que sin instituciones, seguimiento y reforma integral, la medida será apenas un gesto simbólico frente a un problema estructural.

En un documento firmado por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, los obispos advirtieron que centrar el debate en el castigo a menores es una respuesta simplista y reclamaron políticas públicas orientadas a la prevención, la educación y el acompañamiento social.

La subsecretaria Verónica Álvarez Ocampo apoyó la reforma impulsada por el Gobierno nacional, pidió respetar las recomendaciones de UNICEF, reclamó presupuesto para infraestructura y programas sociales y planteó que el foco debe estar en la inclusión, las familias y el consumo problemático.

La iniciativa que volverá a debatirse en el Congreso fija la responsabilidad penal desde los 14 años, limita las penas de prisión, prioriza sanciones alternativas y prevé institutos especiales para adolescentes, con mayores garantías para víctimas y acusados.

El asesor del Senado Fernando Soto defendió el proyecto para juzgar desde los 13 años delitos graves cometidos por menores, pidió combinar castigo y reinserción y comparó la iniciativa con los sistemas penales de la región y Europa.

La ministra Mercedes Rus apoyó la decisión de incluir el proyecto en las sesiones extraordinarias y reclamó que la baja de la edad de imputabilidad esté acompañada por un sistema de contención para los adolescentes.