fallo judicial

El juez de la Suprema Corte sostuvo en Radio Post que los permisos para explotar agua subterránea se otorgaron dentro de la legalidad vigente y que las inversiones realizadas consolidaron una situación que debía ser reconocida. También cuestionó las demoras del propio Estado.

Un acuerdo derivado de una demanda presentada por la asociación Jubypen y los abogados Marisa Uceda y Carlos Blanco modificó el criterio de cálculo de ingresos y permitirá que miles de afiliados vuelvan a acceder a la cobertura del 100% en medicamentos.

El superintendente explicó que las empresas solo podrán acceder a permisos precarios de uso del agua y deberán pagar deudas para seguir produciendo. Durante la entrevista con Radio Post también respondió cuestionamientos sobre la legalidad del mecanismo y sobre las irregularidades que originaron el conflicto.

El ex superintendente de Irrigación, José Luis Alvarez sostuvo en Radio Post que el fallo reivindica la resolución que tomó durante su gestión. Sin embargo, señaló que la Corte dejó vacíos sobre responsabilidades políticas y alertó por el impacto productivo que podría generar la clausura de los pozos mientras se define una alternativa de abastecimiento.

Dante Vega reconstruyó en Radio Post cómo se investigó al exjuez federal por asociación ilícita, cohecho y lavado de dinero, describió amenazas, presiones y maniobras para frenar la causa, y aseguró: "Los hechos se mantuvieron inconmovibles".

La jueza Dolly Fernández dio a conocer la sentencia en la provincia de Chaco. Cecilia tenía 28 años cuando desapareció el 2 de junio de 2023.

El tribunal impuso 18 años de prisión al exjuez y penas para familiares, abogados, policías y empresarios por integrar la red de sobornos que operó en Mendoza.

La medida, dictada por el Gobierno Nacional, había generado un fuerte rechazo político e institucional.

Hoy comienza el juicio de cesura que determinará cuántos años de prisión recibirán Walter Bento, su esposa y su hijo Nahuel, mientras la Fiscalía expondrá sus solicitudes ante el TOF 2. Las penas podrían conocerse el viernes próximo.

En dos fallos de peso técnico, la Cámara de Apelaciones desestimó el freno preventivo al proyecto en Uspallata. La decisión judicial prioriza la presunción de legitimidad de las leyes frente a planteos ambientales que el tribunal calificó como "conjeturales".

La abogada Laura Cannizzaro explicó en Radio Post que la Cámara Federal de Mendoza confirmó una sentencia que obliga a recalcular las facturas desde diciembre de 2023 con IPC. Afirmó que los incrementos superaron el 100% en pocos meses y detalló quiénes pueden iniciar acciones judiciales.

El Tribunal de Gestión Asociada rechazó el amparo de la Fundación Cullunche contra el Distrito Minero Occidental. La sentencia considera que no se demostró un daño inminente y que el procedimiento de control estatal es adecuado para la etapa de exploración.

El principal argumento de la defensa local es que la decisión de primera instancia de la jueza Loretta Preska infringe la inmunidad soberana del país.

La Corte brasileña sentenció a 27 años de prisión al expresidente por su intento de golpe de Estado. La periodista Eleonora Gosman por Radio Post destacó que el fallo cierra un ciclo de violaciones a la legalidad constitucional y envía un mensaje claro sobre la obligación de respetar la democracia.

El Gobierno elevó sus argumentos a la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York. Además, adelantó que irá urgente a la Corte Suprema si su pedido es rechazado.

El abogado Ricardo Paz Herrera explicó en Radio Post que el apoyo del Departamento de Justicia norteamericano refuerza la posición soberana del país, pero no alcanza para revertir la condena. La estrategia oficial busca demostrar ante la jueza Preska un fraude al tribunal por delitos previos vinculados a la expropiación y la actuación de exdirectores de YPF.

Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF informaron a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no desean quedarse con las acciones de la petrolera en caso de obtenerlas como parte del cobro, aunque reclaman que Argentina deposite una garantía para tramitar la apelación.