Después de un día de furia, el Gobierno ordena la comunicación para recuperar iniciativa

Ningún gobierno está emocionalmente preparado para un desborde de las calles. Mucho menos si está combinado con una oposición dura, que extrema sus tácticas en tiempos de violencia verbal de parte del oficialismo, dando marco a un contexto violento en la vida social, lo que excede largamente la inseguridad. No es que los libertarios descartaban un escenario como el que se vivió ayer en los alrededores del Congreso, con repercusiones en los barrios donde hubo cacerolazos y hasta movilizaciones en la madrugada hasta la Casa Rosada.

Desde el inicio, Santiago Caputo quiso pactar con el kirchnerismo a través de algunos de sus dirigentes, con quienes tenía vínculos profesionales a través de socios y amigos, como es el conocido caso de Guillermo Garat, ex estratega del ex ministro del Interior (hoy senador nacional) "Wado" De Pedro. Hoy, Garat es el vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de YPF y toma no solo las decisiones en su materia específica, sino incluso en asuntos técnico-políticos. Pero hay más casos, como por ejemplo Pilar Ramírez, que fue gerenta de Aerolíneas Argentinas en tiempos de La Cámpora, y actualmente es presidenta del bloque de LLA en la Legislatura porteña. Su esposo, Darío Wasserman, actual vicepresidente del Banco Nación, fue el que logró esa posición para Ramírez, prometiendo vínculo directo con el kirchnerismo más duro.

Ellos, más otros menos conocidos, forman parte del dispositivo que el "chico maravilla" diseñó para sobrevivir al ataque K, que espera desde el inicio de la gestión. Aunque no imaginó que éste sería el momento de la avanzada kirchnerista en las calles y en el recinto de la Cámara de Diputados. Creía que tendrían más tiempo, que aún padecían el síndrome de la derrota. Cuando por información de inteligencia supo lo que se venía, 48 horas antes, temió lo peor.

El lunes hubo una reunión de espías en lo que se conoce como "25 de mayo", la sede histórica de la SIDE. Autos lujosos rodearon la manzana, demostrando que se trataba de un encuentro de espías importante. Lo hicieron, casi, a la vista de todo el mundo. Con un sencillo chequeo se supo que se trataba de una reunión para planificar la respuesta a lo que se venía, una "avanzada callejera con vocación golpista".

Difícil todavía de corroborar si las pintadas que auguraban "el fin de Milei" y de su Gobierno fueron escritas por la oposición o por efectivos de civil pagados por la SIDE, pero que un falso instructivo del Frente de Izquierda haya estado panfletado en la calle o que hoy mismo el Gobierno haya publicado un decreto reasignado partidas del presupuesto para otorgarle 7.300 millones de pesos (7 millones de dólares) al organismo de inteligencia del Estado, no hace más que ratificar la centralidad de esa oficina en la batalla política interna que, como se sabe, está muy restringida por la ley x 25520, de Inteligencia Nacional.

De acuerdo a esa ley, no se pueden realizar tareas represivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación judicial; tampoco obtener información sobre las personas por su opinión política o pertenencia a organizaciones; no se puede influir en la situación política, social, económica, militar, policial o institucional del país.

Como sea, el Gobierno intentó mostrarse indiferente, pero la misma actitud de sus diputados en la Cámara, que se agarraron a las trompadas en pleno recinto, lo desmienten claramente. Los nervios de Martín Menem, tenso como nunca en la conducción de la sesión especial, y la ausencia de discursos de LLA fueron otras pruebas. Solo el PRO defendió las posiciones oficiales, con una entrega digna de mejores causas.

Por la mañana, se decidió que Patricia Bullrich diera una conferencia de prensa, donde explicó la posición oficial en la represión de la manifestación, inmolándose por un Gobierno que suele agradecerle su compromiso en público y en privado, aunque no la deja avanzar en las decisiones políticas ni la desplaza a otras responsabilidades que ella quisiera, cansada como está de la dura exposición de su área.

Allí, frente a la prensa, expuso que "la marcha fue organizada por patotas, por barras bravas, por agrupaciones de izquierda violentas, por distintos sectores que buscan la desestabilización total y absoluta de nuestro Gobierno". Agregó que "aquí estuvo, como el miércoles pasado, Leandro Capriotti, el máximo organizador de esta marcha, amigo y protegido de Luis Barrionuevo, quien convocó y decidió convocar a todas las demás agrupaciones". Se trata, aseguró, de quien quiere ser el próximo presidente del Club Chacarita.

La ministra dijo que "la situación fue de extremísima gravedad, fue de personas que vinieron armadas. Tenemos detenidos con armas de fuego, tenemos detenidos con armas blancas, encontramos en el terreno clavos miguelitos para pinchar las gomas de las motos, los patrulleros, todo estaba preparado para generar el nivel de violencia que se vio".

Explicó Bullrich que "nosotros tomamos la decisión de que, para no repetir lo que ya sucedió en otros momentos de la historia argentina, de comenzar a operar y dispersar estos violentos desde el primer momento que empezó la marcha con un dispositivo en el que participaron la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, el Servicio Penitenciario que ayudó a llevarse rápidamente a los detenidos, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo un comando unificado en el cuarto piso de este edificio (el Ministerio de SEguridad), que fueron mostrando las acciones de dispersión de los violentos. Algunos ni siquiera llegaron a la Plaza (del Congreso), como los detenidos que tenemos de la estación de tren de Constitución".

Redondeó la ministra que "(los violentos) salieron de la Municipalidad de La Matanza, y tenemos las fotos para demostrarlo, y de la Municipalidad de Lomas de Zamora, cuyos jefes están todos procesados por corruptos, y no les conviene que siga este Gobierno. También tenemos esas fotos". Especificando que el intendente Fernando Espinoza y el intendente Federico Otermín serán incluidos en la denuncia que el Ministerio realizará ante la Justicia. También responsabilizó al exintendente Martín Insaurralde.

El Gobierno les dio un carril coherente a las durísimas imágenes de la represión que, cuanto menos, estuvo sobreactuada. Al periodista de TN, Manu Jove, la policía lo vio discutiendo con militantes que lo agredían y lo sacaron de la escena para "protegerlo", cuando él quería seguir trabajando. Los periodistas casi no pudieron acercarse a las escenas de protesta, porque la policía tiraba gases lacrimógenos y el aire se hacía irrespirable para la tarea. Un camión hidrante pasó al lado de un grupo y les gritó "mueran zurdos". Una señora muy mayor, flameando una bandera, soportó gritos de unos oficiales que le apuntaban con un arma para que se desplace del lugar. Otra que fue con un palo a pegarle a un policía fue tirada al piso, donde cayó como una bolsa de papas. ¿Había efectivos bajo el efecto de alguna droga?

La situación del fotoperiodista Pablo Grillo es, de lejos, la más complicada. Sobre él, Patricia dijo que "es kirchnerista", como si por serlo estaba justificado que un policía le disparara con un rifle una cápsula de gas lacrimógeno que, según los expertos, nunca debe ser dirigido de frente, sino hacia arriba, para que afecte en todo caso la visión.

Tal vez en el Gobierno no lo sepan, pero Bullrich por supuesto que sí. En el 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde se debilitó dramáticamente por el asesinato de los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el Puente Avellaneda, en el medio de una durísima represión.

Dios proteja la vida de Grillo y la nuestra y querida Argentina.