Caso Burgoa: ética pública, impunidad y crisis de representación

El caso del concejal Miqueas Burgoa, sorprendido conduciendo alcoholizado, va más allá de una simple infracción de tránsito. Expone una grieta en la ética pública y revela cómo el poder político, muchas veces, opera con reglas distintas para sus miembros.

¿Qué mensaje transmite el silencio institucional frente a estas conductas?

¿Qué espera la ciudadanía de sus representantes?

Ética pública y el doble estándar: implicaciones en la responsabilidad política

El debate fundamental aquí no es legal, sino ético. Para cualquier ciudadano, conducir alcoholizado conlleva sanciones severas, estigma social y posibles repercusiones laborales.

Sin embargo, cuando un concejal incurre en esta conducta, la pregunta sobre su permanencia en el cargo adquiere una dimensión mucho mayor.

La responsabilidad ética de un funcionario público no se limita a su horario de trabajo; su rol es una representación constante, que se manifiesta en cada acto, público o privado.

Fractura en la Representación Simbólica y la Legitimidad Política

Este caso no es solo una infracción; representa una fractura en la representación simbólica del poder.

En una democracia, la legitimidad política no es un derecho adquirido, sino una construcción diaria, forjada también en la conducta personal de quienes ostentan cargos públicos.

La confianza ciudadana se ve directamente afectada cuando quienes deben ser ejemplo quebrantan las normas.

Capital simbólico y redes de impunidad

El blindaje institucional a Burgoa no parece sustentarse en su inocencia, sino en su capital político dentro del partido. Como señaló Pierre Bourdieu, el capital simbólico funciona como un escudo que protege del escrutinio público. No hay un líder defendiéndolo, pero hay silencios, omisiones y cálculos que garantizan su continuidad.

La criminología crítica llama a esto asimetrías de poder, cuando quienes detentan cargos gozan de una protección que otros ciudadanos no tienen.

Técnicas de neutralización y violencia simbólica

Burgoa recurrió a estrategias conocidas: minimizar el hecho, negar responsabilidad, y sugerir motivaciones políticas en las críticas. Estas son técnicas de neutralización, mecanismos discursivos que permiten que el transgresor aparezca como víctima.

Así, el debate se traslada desde la conducta indebida hacia la intención del denunciante, generando una forma de violencia simbólica que deslegitima las expectativas ciudadanas.

¿Debe renunciar?

La pregunta clave no es jurídica, sino ética: ¿puede un representante conservar su cargo luego de una conducta que traiciona la confianza pública? Más allá de una renuncia, deberían existir consecuencias institucionales que reafirmen el valor de la ética en la función pública. Si el único límite es la sanción penal, entonces estamos normalizando una democracia de mínimos.

No hay ley que obligue a la decencia, pero sí consecuencias cuando se rompe el contrato moral entre el poder y la ciudadanía.

La impunidad naturalizada: el síntoma más grave

El caso Burgoa no es un hecho aislado, sino un síntoma de una cultura política que ha aprendido a tolerar la impunidad bajo formas legales. La sociedad debe preguntarse: ¿queremos funcionarios cuya responsabilidad ética termine cuando salen de su oficina? ¿O representantes conscientes de que su conducta, dentro y fuera del cargo, impacta en la salud de la democracia?

Cuando la ética deja de importar, la impunidad se vuelve costumbre. Y esa es la verdadera amenaza para cualquier república.