¿Cómo fue que llegamos hasta aquí? (El olvido de la ley)

Cuando nos preguntamos qué pasó en estos últimos años respecto al cambio de paradigma con relación a la convivencia escolar y particularmente a la disciplina escolar, entiendo que es necesario revisar las ideas que impulsaron ese cambio.

En parte porque esas ideas que han permeado nuestra cultura son, en el fondo de la cuestión, un cuerpo de conceptos con los que la sociedad en su mayoría ha coincidido.

Dicho de otro modo, la escuela es nuestro espejo. Mirémonos allí. Somos todos nosotros los que hemos ido transitando ese cambio de paradigma.

¿Cómo fue que empezamos a pensar que las normas y pautas de convivencia escolar eran rígidas y autoritarias?

De hecho, muchas lo eran y, la revisión del clima escolar, de los usos y costumbres en la vida cotidiana educativa, así como la interpretación a la luz de nuevas teorías psicológicas de las conductas infanto-juveniles, nos pusieron frente a muchos interrogantes:

¿La escuela respeta la singularidad o masifica? ¿La escuela reconoce en cada estudiante una biografía y potencia su desenvolvimiento o cohíbe? ¿La escuela educa o domestica? ¿La escuela iguala socialmente o reproduce las desigualdades de origen de clase? ¿La escuela forma ciudadanos críticos o enseña a obedecer acríticamente?

También sobre los estudiantes: ¿Las conductas agresivas o impulsivas en los niños y adolescentes son consecuencia de un sufrimiento, de un trauma o de un conflicto para vincularse en el escenario educativo? ¿Las dificultades para adaptarse a las condiciones impuestas por la escuela son parte del propio proceso de autoafirmación, de las vicisitudes vividas en el contexto social o de una barrera que la misma escuela les pone a los derechos de los estudiantes?

Y sobre las normas: ¿Tienen sentido las normas por sí mismas o hay que construir en cada circunstancia un acuerdo que fundamente la decisión y la conducta consecuente? ¿Quiénes intervienen en la definición de lo que está bien y está mal en cada momento de la convivencia escolar? ¿Esa definición proviene de las leyes y reglamentaciones que se definen en un ámbito externo a la escuela; o bien de los adultos docentes y directivos, incluso los padres; de las reglas impuestas por el uso y costumbres de los miembros de una comunidad educativa, de un barrio; de un cierto contexto social o de los propios estudiantes junto con el resto de los docentes y directivos escolares? ¿Las normas se preestablecen y luego se debaten?

Los Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC) que hoy son una parte central en la Ley N° 26.892, muchas veces resultan un laberinto que deben atravesar las escuelas en la dilucidación de qué es norma, cómo establecerla y darle sentido real en cada comunidad y qué hacer en el caso de que se transgreda.

Veamos que dice la ley 26.892 (año 2013), Ley para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas, de alcance nacional y que luego cada provincia encontró su aplicación a través de las reglamentaciones jurisdiccionales.

En síntesis, la ley tiene como principal objetivo promover la convivencia democrática en las instituciones educativas y establecer un marco legal para el abordaje formativo de los conflictos y la violencia.

Sus puntos esenciales son:

• Cambio de Paradigma: Traslada el foco de la disciplina punitiva (castigo) a la convivencia formativa (diálogo y aprendizaje). Esto implica dejar atrás los viejos códigos de faltas por un modelo que respeta los derechos y deberes de todos.
• Acuerdos de Convivencia (AEC): Establece la obligatoriedad de que cada escuela elabore sus propios Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC). Estos acuerdos deben ser construidos de manera participativa (con estudiantes, docentes y familias) y deben promover el respeto, la no discriminación y la resolución pacífica de los conflictos.
• Abordaje de la Conflictividad: Dispone que las situaciones de conflicto deben ser tratadas con un enfoque pedagógico y restaurativo. Las consecuencias de las transgresiones deben ser formativas (que enseñen), buscando la reflexión y la reparación del daño, en lugar de la simple exclusión.
• Inclusión y Derechos: Garantiza que cualquier medida adoptada respete el derecho a la educación y el debido proceso del estudiante (ser escuchado y defenderse). En consecuencia, se limita el uso de medidas excluyentes como la expulsión y se prioriza la continuidad de la trayectoria escolar.

Desde una comparación entre la perspectiva anterior a la ley 26.892 y la actual podemos observar lo siguiente:

El modelo actual debía enriquecer el anterior y no sustituirlo.

Tal como ya afirmamos en el artículo anterior, la falsa dicotomía entre lo "punitivo" y lo "dialógico" nos puso en la encrucijada ante la norma, con lo que eso implica en una sociedad....

La ausencia o la falta de solvencia en las normas es un problema tan serio como normas intransigentes y ciegas a las circunstancias humanas.

¿Qué es la norma?

La norma es un concepto fundamental (en este ámbito educativo y en la vida social en general) que se aborda de manera diferente pero complementaria desde la sociología y la moral.

En términos sociológicos, una norma es una regla de conducta o comportamiento que se considera obligatoria y que está socialmente establecida y aceptada. Así, es vista como un hecho social, según la concepción de Émile Durkheim ("Educación y Sociología" 1922), que es externo al individuo y ejerce una coerción sobre él. No es el resultado de una decisión individual, sino de la colectividad. La norma tiene la función de ordenar y homogeneizar el comportamiento social, permitiendo la cohesión y la predicción de las acciones. Es lo que permite que una sociedad funcione. Su cumplimiento se asegura mediante sanciones sociales (formales como una ley o informales como la desaprobación social).

Desde la perspectiva de la moralidad (la ética práctica y el desarrollo moral), una norma es un imperativo que guía la acción individual y está ligado a la noción de deber, valor y conciencia. La norma moral se basa en un juicio de valor sobre lo que es correcto, justo o bueno. Su fuerza no reside primariamente en una sanción externa, sino en la convicción interna del individuo. Ayudan al individuo a distinguir el bien del mal y actuar de forma consecuente, promoviendo el desarrollo de la conciencia moral y la responsabilidad ética.

Cuando nos referimos a norma moral, en el contexto educativo, podemos considerar dos conceptos claves provenientes del pensamiento de Jean Piaget ("El criterio moral en el niño" 1932) y que justifican (en parte) el cambio de paradigma: Autonomía vs. Heteronomía. Piaget entendió que la construcción de la moralidad es un proceso evolutivo y espontáneo.

Dicho de manera muy resumida, la norma moral heterónoma es la que se refiere a la obediencia a una autoridad externa (Dios, la ley, los padres). En términos de la Psicología Psicogenética de Jean Piaget es la primera fase evolutiva de la moralidad en el niño basada en el miedo al castigo. Y la norma moral autónoma es la que se considera internalizada a través de la reflexión y el diálogo. Se obedece porque se entiende que es la mejor regla para la convivencia.

Con relación a su aplicación en el ámbito escolar, podemos decir que el aprendizaje de la norma moral se enfoca en el proceso de internalización que transforma una regla social externa en un principio ético personal y compartido dentro de su comunidad.

Entonces, la escuela debe lograr que la norma social (lo que se reglamenta o establece previamente al sujeto) se convierta en norma moral (principio de acción), de modo que, los estudiantes cumplan los Acuerdos Escolares de Convivencia por convicción autónoma, estableciendo así las bases para la vida democrática (Tenti Fanfani, "La escuela y los dilemas de la moral" 2007).

Reitero, la norma así se considera parte de una construcción evolutiva de los niños y adolescentes que requiere un proceso de acompañamiento y enseñanza para que pueda ser internalizada.

En definitiva, la norma es lo que ambos modelos (tradicional y actual) toman como fundamento orientador de su tarea educadora y entiendo que el problema fundamental es el desvío de la finalidad última: formar ciudadanos responsables, críticos, reflexivos y capaces de convivir en su sociedad sobre la base del respeto mutuo.

Si los medios punitivos (sanciones, amonestaciones, expulsión) se convierten en un fin inmediato y superior al fin último que es formar ciudadanos responsables, entonces equivocamos el camino.

Si los medios participativos, democráticos (debate, acuerdos, acciones restaurativas) se convierten también en un fin inmediato y superior al fin último que es formar ciudadanos, igualmente erramos el camino. Sobre todo, si las normas se envuelven en la niebla de la ambigüedad y la ampliación de los derechos prevalece sobre el interés común.

¿Cuáles son algunas de las limitaciones del modelo actual?

Una fundamental para su implementación y muy silenciada: la sobrecarga docente. El modelo exige a los docentes actuar como mediadores, terapeutas y gestores de convivencia. Sin la formación continua necesaria, ni el tiempo suficiente para las instancias de diálogo y mediación, el docente se siente abrumado y, a menudo, ineficaz para manejar conflictos graves.

Eso trae aparejada otra consecuencia sumamente negativa: la confusión docente. Existe una ambigüedad sobre dónde termina la acción pedagógica y dónde comienza la legal. ¿La norma la establecen los adultos y luego se enseñan a los niños y adolescentes o se acuerdan sobre una base horizontal que le admite a los propios niños decidir sus conductas? ¿Qué rol adopta el docente frente a una transgresión de las normas que se pusieron en un marco de acuerdos si el conflicto desborda la escena áulica? Los docentes temen actuar por miedo a ser denunciados o cuestionados por las familias o autoridades escolares, lo que lleva a la inacción o al desamparo.

Una limitación crucial en la formación de los niños y adolescentes es que las normas basadas exclusivamente en el consenso pueden, paradójicamente, llevar a una dilución de la responsabilidad. Si la norma es demasiado flexible o negociable, pierde su fuerza como marco de referencia claro para la convivencia.

Lo que también provoca la sensación de impunidad. Al eliminar las sanciones tradicionales como las amonestaciones, si no se reemplazan por consecuencias formativas claras y efectivas, se genera una sensación de vacío de autoridad o impunidad. La consecuencia es generadora de caos para la dinámica escolar.

Y consecuentemente un descrédito de la autoridad. La crítica radical a la autoridad tradicional ha llevado a un descrédito generalizado de la figura adulta en la escuela. La autoridad se tiene que revalidar día a día, lo cual es agotador y la hace más vulnerable.

Los principios de la ley 26.892, fundamentados sobre corrientes de pensamiento provenientes de la filosofía y la sociología de la educación (Bourdieu y Passeron, Foucault, Habermas) así como de la pedagogía y la psicología (Freire, Piaget) no han encontrado un camino acertado aún para implementar lo que se impone con fuerza prescriptiva (¿paradójicamente?) en su texto.

Insisto en que no deberíamos haber sustituido un modelo por otro sino integrarlos en una perspectiva superadora. Incluso por la fuerza que estos modelos tienen en la conciencia social, nos demos cuenta o no, ya que esta ley de convivencia escolar es parte de una trama y un relato que se ha consolidado en las últimas décadas en la idiosincrasia argentina.

Me interesa ahondar en esta crisis de autoridad y de construcción de las normas porque es indispensable para tener un presente y un horizonte como sociedad.

¿Acaso las limitaciones del modelo actual escolar vigente no son también el reflejo de lo que pasa en tantos hogares y otros ámbitos sociales donde las pautas de crianza o de convivencia atraviesan similares condiciones?

¿Qué tenemos que aprender para reunir lo mejor de ambos modelos?

Habrá que seguir reflexionando acerca de cómo fue que llegamos hasta aquí, al olvido de la ley.