Sturzenegger cruzó a viñateros mendocinos por el CIU y los comparó con la AFA en su resistencia a la desregulación
El ministro de Desregulación cuestionó que la Asociación de Viñateros haya judicializado la eliminación de la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva y defendió la medida como parte de un giro para reducir controles y trámites en la vitivinicultura.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió al cruce de la Asociación de Viñateros de Mendoza por haber acudido a la Justicia federal para frenar la decisión oficial de volver opcional el Certificado de Ingreso de Uva (CIU), un requisito que durante años fue obligatorio para los productores del sector vitivinícola.
La crítica llegó acompañada de una comparación que no pasó desapercibida. En un extenso mensaje difundido en redes sociales, el funcionario equiparó la postura de los viñateros con la resistencia que mostró la Asociación del Fútbol Argentino cuando el Gobierno impulsó la habilitación de sociedades anónimas en el fútbol. "Asociación de Viñateros de Mendoza y el ‘Chiqui' Tapia, un solo corazón", escribió, para luego sostener que en ambos casos se recurrió a los tribunales para impedir que una herramienta pasara de obligatoria a opcional.
Para Sturzenegger, tanto en el fútbol como en la vitivinicultura se repite una lógica similar: la defensa de esquemas de control que limitan la posibilidad de elección y preservan intereses corporativos. En ese marco, defendió la modificación del CIU como parte de un proceso más amplio de desregulación, orientado a reducir la burocracia y achicar la intervención estatal en la actividad productiva.
"El certificado dejó de ser obligatorio porque cerca del 45% de los productores que debían usarlo no lo utilizaban", argumentó. Según explicó, la decisión no implica eliminar el instrumento, sino permitir que cada productor evalúe si lo necesita, por ejemplo, para cuestiones de trazabilidad o respaldo comercial.
La Asociación de Viñateros presentó una demanda ante el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, a cargo de Pablo Oscar Quirós, para que el CIU vuelva a ser obligatorio. Desde la mirada del ministro, ese planteo supone forzar a otros productores a cumplir con un trámite que muchos consideran innecesario.
En su análisis, Sturzenegger deslizó dos razones posibles detrás de la judicialización. Una, que el certificado funcionaría como un mecanismo de control del mercado al centralizar información sobre el ingreso de uva, lo que -advirtió- podría facilitar prácticas anticompetitivas. La otra, más directa, apunta a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar): sostuvo que la opcionalidad del CIU dificulta el cobro de una tasa que calificó como un "impuesto privado", pese a que el mandato institucional del organismo estaría vencido desde 2020.
En contrapartida, el ministro destacó que distintos actores del sector, entre ellos bodegas, productores y el propio Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), respaldaron la medida de desregulación y confió en que esas posturas tengan peso en el análisis judicial.
Para reforzar su posición, Sturzenegger apeló a antecedentes históricos y recordó las restricciones que durante décadas limitaron la producción vitivinícola fuera de la región de Cuyo, políticas que -según señaló- dejaron secuelas duraderas en el desarrollo del sector. Desde esa perspectiva, consideró contradictorio que una actividad marcada por regulaciones excesivas promueva hoy nuevos condicionamientos para otros eslabones de la cadena.
El funcionario cerró su intervención con un mensaje alineado con la visión del presidente Javier Milei: expresó su expectativa de que la Justicia priorice a la producción y la libertad de elección por sobre la regulación y los intereses concentrados, en el marco de un Estado con menor protagonismo en la economía.
El posteo completo
ASOCIACIÓN DE VIÑATEROS DE MENDOZA Y EL CHIQUI TAPIA, UN SOLO CORAZÓN. Cuando el DNU 70/23 permitió que los socios de los clubes de fútbol elijan si querían ser sociedades anónimas, la @afa y el @tapiachiqui, recurrieron a la justicia para prohibir la opcionalidad. Es decir, no querían que los socios pudieran elegir. Sabían que dirigencias más profesionales no permitirían los desmanejos que hoy se han hecho visibles en el fútbol argentino. Algo similar ocurre hoy con una presentación judicial de la Asociación de Viñateros de Mendoza. Explicamos. Recientemente desregulamos fuertemente la actividad vitivinícola, sacándole el peso del Estado de encima a la industria. Atrás quedaron miles de restricciones, obligaciones, trámites absurdos, injerencias indebidas, oportunidades de coimas, ... podría seguir. Dentro de ese vergel de libertades una de las desregulaciones fue hacer que el "certificado de ingreso de uva" (conocido como CIU) pasara a ser opcional. Es decir, el que lo quiere (por ejemplo, para hacer trazabilidad) lo usa y el que no, no. De hecho, el 45% de los productores que previamente estaban obligados a hacer el CIU luego no lo usaban. Por eso, justamente lo hicimos opcional. Pero como buenos discípulos del @tapiachiqui la Asociación se presentó en el Juzgado Federal No. 2 de Mendoza a cargo de Pablo Oscar Quirós, para pedir que vuelva a ser obligatorio el CIU. ¿Por qué un productor querría obligar a otro a una carga burocrática? Es curioso, ¿no? Porque no se le prohíbe a nadie. ¿Hacerlo obligatorio....? Pero de entender esas curiosidades surge la verdad oculta de las cosas. Igual, antes de abundar en eso, vale aclarar que muchas voces se han pronunciado a favor de la desregulación y la opcionalidad del CIU (ver diariodecuyo.com.ar/economia/se-su). Ni hablar del INV, que es el órgano rector de la industria y que es quien ha impulsado esta medida. Estoy seguro el juez llamará a estas voces y considerará su opinión. Pero vamos a pegarle al chancho para que aparezca el dueño. Hay dos interpretaciones posibles (seguramente habrá otras) de por qué el pedido ante el juez Quirós. Una es que el CIU operaba como un mecanismo de control del mercado, ya que reunía información valiosa que permitía saber que uva se movía de un lugar a otro y sobre todo de que uva entraba en el circuito de comercialización. Imaginen que en cualquier industria los actores seguramente querrían esa información, porque facilita el control y la cartelización del mercado. El valor del CIU emerge entonces como un instrumento esencial para la implementación de prácticas anticompetitivas. Ese podría ser un motivo para querer mantenerlo.
Una segunda posibilidad me fue evidente cuando un productor me escribe y me dice "pásame el escrito que presentó Zuccardi" en alusión a alguien identificado con la Coviar, una entidad cuyo mandato venció en 2020 y que sigue cobrando (ilegítimamente a mi entender) un impuesto privado a la industria. Resulta que, sin el CIU, se les dificulta el cobro de esa tasa. Ahhh.... Es muy triste ver que un sector que tiene tanto para dar quede rehén de estos intereses siendo que tiene mucho más para ganar en un ámbito de libertad. Es paradójico porque es una industria que ha sufrido las vejaciones del Estado como ninguna otra. En 1934 Agustín Pedro Justo prohibió la producción vitivinícola fuera de Cuyo.
El ejército entró en Entre Ríos, uno de los lugares más tradicionales de producción en aquella época, a romper las bodegas. Incluso pinchaban los toneles derramando la producción. Muchos productores vieron una vida de trabajo diezmada de un día para otro por el poder autoritario del Estado. La larga noche tuvo que esperar hasta el año 1993 para que se levantara la prohibición. Inmediatamente la industria se desarrolló en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Jujuy, Salta, Buenos Aires (en realidad en 17 de las 24 provincias argentinas) y también volvió a Entre Ríos de donde 60 años antes el Estado la había desterrado.
Como un recordatorio a ese "vinicidio" la Bodega entrerriana BordeRío decidió llamar a su línea de vinos "Injusto", un apropiado recuerdo sobre el poder corrosivo del Estado y de aquella norma del 34 de un presidente llamado Justo, que seguramente respondiendo a los pedidos de un lobby oculto, terminó haciendo una terrible injusticia. Hoy es triste ver como algunos se escudan en la regulación, usando argumentos delirantes, para volver a hacer un daño, esta vez, a sus propios colegas. Por eso decimos con el presidente@JMilei que la regulación, en general, es mala, un lobo con piel de cordero. Esperemos la justicia se ponga del lado de la producción y la libertad, y no del lado de la regulación, las prácticas anticompetitivas y los intereses de una o dos corporaciones. La batalla contra la casta es a lo que nos llamó el Presidente@JMilei. Será justicia. Para que no tengamos que seguir sumando nuevas versiones de "Injusto". Salud! (y VLLC!)
