Denunciaron al Servicio Penitenciario por desobedecer a los jueces

La denuncia la presentó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos el traslado de un interno que nunca cumplieron las autoridades penitenciarias.

Gabriela Guilló

La Asociación Permanente de Derechos Humanos denunció penalmente al Servicio Penitenciario de Mendoza por no cumplir con las órdenes judiciales respecto a los presos.

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Esto debido a que el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Primera Circunscripción ordenó el 12 de abril de este año que un detenido fuera trasladado de la cárcel de Almafuerte al penal de San Rafael para estar más cerca de su familia.

Esta orden, que está garantizada por la ley 8465, no fue cumplida hasta el momento por el Servicio Penitenciario, a pesar de que en la resolución explicita que es una "obligación".

Frente a esta "desobediencia", la APDH de Mendoza denunció "la resistencia de los agentes de la administración pública provincial a cumplir con lo ordenado el 12 de abril".

Asimismo, desde la Asamblea explicaron que el 15 de mayo ya habían realizado la denuncia penal por este hecho pero en el Ministerio Público Fiscal confirmaron que la misma no presenta ningún tipo de avance.

Al respecto indicaron a Memo que "hubo desobediencia a una orden debidamente fundada y pasada a autoridad juzgada. Las razones no las conocemos y hoy son irrelevantes. Lo grave es la desobediencia en sí y esto nos hace preguntarnos qué pasaría si este proceder se extiende a toda la administración pública".

De esta manera, consideran "la hipocresía del gobierno provincial que pretende erigirse paladín del orden y de la Ley. La APDH recuerda que Mendoza sigue siendo parte de la República Argentina y que en ella siguen rigiendo la Constitución Nacional y los tratados internacionales que la democracia incorporó a su ordenamiento jurídico".

En tanto, desde el Servicio Penitenciario de Mendoza apelaron la resolución en primera instancia, ya que consideran que, de acuerdo a la Ley de Ejecución Penal, son ellos quienes deben decidir sobre el traslado de las personas privadas de la libertad.

"Se debe tener en cuenta de qué interno se trata, qué seguridad hay en el complejo de destino y si hay lugar, si el traslado es seguro. Son muchas cosas que dependen de que un traslado sea efectivo más allá de lo que disponga la Justicia", dijeron.

Debido a esto, las partes deberán recurrir a una instancia superior que decida si el traslado debe realizarse como ordenó la Justicia en Primera Instancia o si debe hacerlo el Servicio Penitenciario.

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