Tres jueces le pidieron perdón a la familia de Paula Toledo y elevaron la indemnización

Paula Toledo tenía 19 años cuando el 31 de octubre del 2003 fue violada y asesinada en San Rafael. El caso causó conmoción en la provincia por los detalles macabros del homicidio y por los groseros errores de la investigación. La Justicia debió realizar tres juicios y si bien había siete sospechosos en la mira, solo uno fue condenado. La familia de la joven recibió una indemnización a finales del 2022, pero apelaron, y tres jueces le dieron la razón, le pidieron disculpas por el accionar de la Justicia y elevaron el monto a 40 millones de pesos.

Otorgan hasta $2 millones a organizaciones de género y diversidad

El 30 de octubre del 2003, la adolescente salió de su casa junto a su novio, Marcos Graín. Le dijo a su madre que iba a dar una vuelta y regresaría a los pocos minutos, pero las horas pasaron y Paula no regresaba.

Un día más tarde, su cuerpo fue encontrado semidesnudo y tapado con basura en el interior de una acequia en la calle Victorino Plaza, en El Sosneado.

El forense determinó que había sido víctima de múltiples abusos sexuales y la causa de muerte fue la asfixia. Su cuerpo, además, presentaba quemaduras de cigarrillos y golpes.

Graín, Víctor Echegaray de por entonces 17 años, su hermano Alejandro de 16, Cristian Torres, Jorge Sánchez, Iván Gauna y Andrés Maravilla fueron señalados por varios testigos como quienes estaban con Paula antes de su crimen.

Los siete fueron detenidos, pero por los groseros errores de la investigación  quedaron rápidamente en libertad.

Si bien en la escena del crimen encontraron múltiples pruebas que permitían identificar a los asesinos, el mal accionar de los investigadores destruyó toda la evidencia.

De esta manera, se perdió la botella que encontraron en el lugar y con la que torturaron a la joven, no examinaron las colillas de los cigarrillos con las que la habrían quemado, se descartaron muestras de sangre y semen, y se lavó el cuerpo antes de finalizar la necropsia.

En mayo de 2006 se realizó el primer juicio en el que solo llegaron como imputados los hermanos Echegaray, Gauna y Rodríguez. Graín estaba prófugo. Todos fueron absueltos por el beneficio de la duda. No había pruebas para condenarlos.

En 2011, el que fue novio de Paula fue sobreseído. Las pruebas en su contra no convencieron a los jueces.

Las apelaciones continuaron y en 2021 se realizó el tercer juicio con Graín nuevamente acusado. 

Esta vez, y en medio de la presión popular, el tribunal lo condenó a 11 años de prisión, a pesar del pedido de la querella de prisión perpetua.

En 2022 la Corte ordenó al gobierno de Mendoza a indemnizar a Nuri Ribotta, la madre de Paula, y a sus dos hijos, Julián Darío y William Toledo, con la suma de 13.300.000 pesos a modo de resarcimiento por considerar que hubo ineficiencia por parte de la Policía, la Justicia y el Cuerpo Médico Forense.

La familia, disconforme con la sentencia penal y civil, apeló la medida y concurrió nuevamente a la Corte donde solicitó un resarcimiento mayor y que la Provincia le pague a Ribota Antonia Nuri $ 18.000.000 y a cada uno de sus hijos $ 7.500.600, lo que totaliza $ 40.500.000.

La Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Raúl Bonino, Sebastián Marín y Darío Bermejo, le pidió disculpas a la familia por el accionar de la Justicia y aceptó el pedido, incorporó en el resarcimiento a Diego Toledo -el hermano que no vivía con Paula- y elevó la suma de la indemnización.

 "A toda la familia les queremos trasladar que, como miembros también de este Poder Judicial, estamos profundamente consternados por todo lo que ha ocurrido en la causa penal. Sentimos enormemente el dolor por el que han pasado en estos eternos diecinueve años, en los que no sólo han tenido que batallar sin descanso buscando justicia para su hija y hermana, sino que tampoco han podido hacer el duelo por la muerte de Paula. Imaginamos, porque seguramente el sentimiento que los atraviesa no debe poder medirse en palabras, la impotencia, dolor y temor que deben padecer, al sentirse absolutamente vulnerables y solos frente a la pésima actuación de ciertos funcionarios de este Poder Judicial, que los llevó a que escucharan una y otra vez las atrocidades que sufrió Paula; y que sólo haya una persona condenada, cuando de la causa penal surge que evidentemente fue más de una la que actuó, lo que los pone en una situación de mayor vulnerabilidad frente a sujetos que se encuentran en libertad. Por estas razones hemos considerado que corresponde otorgarle reparación a Diego y aumentar los montos que se les dieron en la sentencia de primera instancia", indica el fallo. 

Tras esta sentencia, el Estado presentó un recurso extraordinario, que actualmente permanece en la Suprema Corte.