Difunden los argumentos del fallo que condenó a Bento a 18 años de prisión
El Tribunal Oral Federal N° 2 publicó los fundamentos de la sentencia contra Walter Ricardo Bento, en una causa por corrupción que también involucra a otros 16 imputados.
Dos meses después de concluido el juicio, el Tribunal Oral Federal Nº 2 presentó este lunes los fundamentos de la condena a 18 años de prisión al exjuez Walter Bento, junto con las penas impuestas a otros 16 culpables en la megacausa de coimas que operaban en la Justicia Federal.
El TOF Nº 2, conformado por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá Rivas y Carolina Pereira, declaró culpable al exjuez por ser jefe de una asociación ilícita y autor del delito de cohecho pasivo en ocho casos.
También fue señalado como autor de enriquecimiento ilícito y coautor de lavado de activos agravado, tanto por actuar como miembro de una banda como por hacerlo en el ejercicio de su función pública.
También fue considerado culpable de dos casos de falsedad ideológica en concurso real, así como del delito de ocultar e inutilizar un objeto destinado a servir como prueba.
El TOF estableció que "todos los delitos imputados concurren materialmente" y desarrolla la explicación correspondiente en la sentencia fina en un documento de 1086 páginas que resume el megajuicio.
Ver: "Era una organización aceitada desde hacía 15 años": el testimonio clave del fiscal que llevó a Bento a la condena
La sentencia
El Tribunal Oral Federal dictó una condena de 18 años de prisión contra Walter Ricardo Bento, junto con la inhabilitación absoluta perpetua y una multa superior a los $540 millones. La pena coincide con la solicitada por el Ministerio Público Fiscal, aunque con un monto menor en concepto de sanción económica.
Durante el proceso, la defensa había requerido la aplicación del mínimo previsto -cinco años de prisión- y que el cumplimiento se realizara bajo la modalidad domiciliaria, planteo que fue descartado por el tribunal.
Las juezas explicaron que la sanción se definió en función de los criterios establecidos en los artículos 40 y 41 del Código Penal, ponderando tanto la gravedad de los hechos como las condiciones personales del acusado. A partir de ahora, se abre un plazo de diez días hábiles para que las partes apelen ante la Cámara Federal de Casación Penal.
En ese sentido, el abogado defensor Mariano Fragueiro Frías anticipó que "esto recién empieza" y sostuvo que analizarán los fundamentos para recurrir prácticamente "el juicio en su conjunto". Por su parte, el fiscal Dante Vega adelantó que también apelarán aquellos delitos que fueron declarados prescriptos.
El rol y el poder dentro de la estructura judicial
Uno de los aspectos centrales del fallo fue la valoración del rol institucional que ocupaba Bento. El tribunal subrayó "el alto disvalor de la actividad llevada a cabo por el entonces juez federal", al considerar que los delitos se cometieron desde el mismo ámbito donde debía garantizarse justicia.
"Esto es, se trató de la actividad delictiva desarrollada precisamente desde la estructura desde la que debía impartirse justicia, en perjuicio de las personas sometidas a esa jurisdicción", sostuvieron las magistradas.
En esa línea, remarcaron que "en su carácter de juez federal con competencia penal, cobró sobornos a personas implicadas en causas en las que, mayoritariamente, estaban juego enormes cantidades de dinero". Además, señalaron que en muchos casos las víctimas se encontraban detenidas o bajo amenaza de estarlo, lo que profundizaba la desigualdad de poder.
El fallo también destaca la magnitud de la influencia del exmagistrado dentro del sistema judicial mendocino. "Es decir, se trataba de una persona con una enorme responsabilidad institucional y un muy considerable poder político", indicaron, al recordar que tenía a su cargo varias secretarías penales y funciones clave, incluso en materia electoral.
Incluso citaron el testimonio del abogado Jaime Alba, también condenado, quien afirmó que "un sesenta por ciento del turno es del Bento", en referencia al peso que tenía en el manejo de causas.
Asociación ilícita y reiteración delictiva
El tribunal consideró probado que Bento lideraba una estructura criminal organizada. "Walter Bento, en su condición de juez federal, fue el jefe de una organización criminal que convirtió la función judicial en una mercancía, utilizó el proceso penal como herramienta de presión y enriquecimiento, y lesionó de manera grave la confianza pública en la administración de justicia", afirmaron.
Las juezas remarcaron que la reiteración de las conductas y la afectación de múltiples bienes jurídicos agravaron la pena. También ponderaron la extensión temporal de los hechos: la organización habría operado al menos desde 2007 y continuado incluso durante la investigación judicial.
Según el fallo, "la banda siguió actuando -durante marzo y abril de 2021- para intentar procurar la impunidad de sus integrantes".
Lavado de activos y enriquecimiento
Otro de los elementos considerados fue el delito de lavado de activos, con agravantes que justificaron una mayor severidad en la condena. El tribunal concluyó que el móvil fue "la codicia y el ánimo de lucro", descartando cualquier justificación vinculada a necesidades económicas.
En cuanto a su rol, se sostuvo que actuó como autor o coautor en todos los hechos, con control y capacidad de decisión dentro de la estructura.
Además, se dio por acreditado un incremento patrimonial injustificado, especialmente a partir de 2008. Entre las operaciones señaladas figuran la compra de inmuebles, vehículos de alta gama y participación en desarrollos inmobiliarios a través de fideicomisos, muchas veces a nombre propio o de familiares.
Con esta sentencia, el tribunal consideró que el accionar del exjuez afectó gravemente la administración pública, la fe pública y el orden económico, en un caso que ahora continuará en instancias de revisión judicial.
