Uno por uno, los 25 condenados en San Luis por emitir facturas truchas

En el juicio se acreditó que formaron una red de 65 usinas de emisión de comprobantes apócrifos destinadas a cometer, coadyuvar y colaborar en delitos de evasión tributaria, con un perjuicio al fisco superior a los mil millones de pesos entre la evasión de los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias. Además de las penas de prisión, el tribunal fijó multas y dispuso el decomiso sobre bienes de propiedad de las y los condenados por valor equivalente al de las ganancias obtenidas por cada uno de ellos.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis condenó a 25 acusados de conformar una asociación ilícita fiscal que montó una red de 65 usinas de comprobantes apócrifos destinadas a cometer, coadyuvar y colaborar en delitos de evasión tributaria. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) calculó que entre 2015 y 2018 emitieron facturas por más de 2 mil millones de pesos, con un monto evadido superior a mil millones de pesos entre la evasión de los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias. En el juicio intervinieron los fiscales generales subrogantes Mónica Spagnuolo y Cristian Rachid.

César Ariel Balmaceda fue condenado a seis años de prisión y multa de 90 mil pesos como autor y organizador de una asociación ilícita fiscal, mientras que Lucas Exequiel Laureano Baldez, Flavio Rubén Cabrera, Oscar Gabriel Muñoz Oviedo y Raúl Gonzalo Saá, Juan Cruz Borra fueron sentenciados a 3 años y 6 meses de prisión como integrantes de la organización.

El resto de los imputados recibieron penas de tres años de prisión en suspenso: Diego Ho, María Laura Limina, Lorena Ramírez, Yamila Ochoa, Romina Fernández, María Rosa Lucero y Natalia Balmaceda fueron condenadas y condenados en calidad de integrantes de una asociación ilícita fiscal, mientras que Fernando Iglesias, Enrique Abdallah y Cristian y Oscar Giuliano fueron considerados partícipes necesarios. En tanto, Julián Rolandi, Diego Minudri, Norberto Royón Blanco, Pablo Mauri, Marco Naldini, Daniel Escalante, José Sosa y Jorge Pereira recibieron la misma pena como partícipes secundarios.

En su fallo, el tribunal oral también estableció multas para gran parte de los imputados, que fueron de 90 mil pesos para César Balmaceda; de 60 mil pesos para Borra, Oscar Giuliano, Abdallah y Sosa; de 50 mil en los casos de Fernández, Saá, Cristian Giuliano, Iglesias, Pereira, Escalante, Naldini, Mauri, Royón Blanco, Minudri y Rolandi; y de 45 mil para Lucero, Verónica Balmaceda, Oviedo, Ramírez y Ho.

El tribunal ordenó además el decomiso de tres automóviles y bienes personales de César Balmaceda por un monto de $20.889.273, una medida que también se fijó en los casos de Fernández, Lucero, Natalia Balmaceda, Oviedo, Ramírez, Saá, Ho, Borra, Cristian y Oscar Giuliano, Abdallah, Pereira, Sosa, Escalante, Naldini, Mauri, Royón Blanco, Minudri, Iglesias y Rolandi hasta cubrir montos que van desde los $120.563 hasta $3.075.162, calculados en función del valor equivalente a las ganancias obtenidas durante estas maniobras. Además, se estableció el decomiso de la documentación, dispositivos informáticos y demás efectos secuestrados durante la investigación y que se mantenga la prohibición de salida del país de todos los imputados hasta tanto la sentencia quede firme. Los fundamentos de la decisión se conocerán en una audiencia a fijarse dentro de los próximos cuarenta días.

Luego de más de un año de audiencias de debate destinadas a la producción de prueba, a lo largo de los alegatos la fiscalía fundamentó la acreditación de la existencia, integración, organización, alcances y actuación de la organización con sede en la capital provincial. Rachid y Spagnuolo consideraron probada su existencia con la integración de al menos 25 personas que cumplieron distintos roles en función del desarrollo de ese plan criminal, destinado a la provisión de facturas apócrifas con el objeto de cometer, coadyuvar y colaborar en evasión tributaria.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía en su alegato, en la causa se probó una estructura formada por un jefe y organizador, un grupo de cuatro personas subordinadas con desempeño diario en la oficina sede de la organización y encargadas de los procesos administrativos indispensables para su funcionamiento habitual, y un nutrido grupo de personas que actuaron como intermediarias que, con permanencia y habitualidad, intervenía en la comercialización de las facturas apócrifas generadas por la organización. El producto criminal se extendió por todo el país, indicaron los representantes del MPF.

Dentro de este último grupo se identificó también a cuatro personas integrantes del entorno íntimo del jefe y a miembros fundacionales de la asociación criminal, que además de intermediar en la comercialización del producto ilícito actuaron personalmente como contribuyentes apócrifos y/o vinculados con sociedades apócrifas utilizadas para su cometido delictivo por la organización. Además, se identificó a un contador y una contadora que, según la acusación, junto con el rol de intermediación en la comercialización de facturación apócrifa, brindaron el soporte contable indispensable para el funcionamiento habitual de la organización.

El pedido de la Fiscalía

De acuerdo con lo expuesto en el alegato del MPF, la organización también llevaba a cabo estas maniobras a través de:

  • - La emisión y comercialización de la facturación apócrifa a demanda de los usuarios y la canalizaba a través de los intermediarios;

  • - El registro y contabilización de la facturación y controladores fiscales espurios generados, con precisión de montos, fechas, comprobantes, clientes, usinas e intermediarios;

  • - El registro y contabilización de la recaudación ilícita, a través de determinación de comisiones y su distribución con intermediarios con sistema de "cuenta corriente" habilitada para cada uno/a;

  • - Un circuito de pago de las comisiones a través de cheques y/o medios informales.

Durante la investigación se detectaron 65 usinas relacionadas con la organización, divididas en dos grupos: unas generadas por la propia asociación y otras "recicladas", adquiridas inactivas o utilizadas fraudulentamente. Por último se determinó un patrón de reclutamiento de prestanombres, que incluyó en muchos casos el abuso de la vulnerabilidad socio-económica y/o engaño de las personas reclutadas, como también el posterior recurso a la amenaza y la coacción para acallar cualquier reclamo o denuncia.

Además, la fiscalía tuvo por probada la efectiva utilización de la facturación apócrifa comercializada por la organización por parte de terceros adquirentes de los comprobantes espurios, con incluso presunta consumación de delitos de evasión de impuestos comprendidos en el programa y fin criminal de la asociación ilícita fiscal. Para ello, se incorporaron como prueba antecedentes de inspecciones fiscales sobre adquirentes usuarios de los comprobantes espurios, quienes los habían incluido en sus declaraciones juradas impositivas para eludir impuestos, así como antecedentes de juicios penales conexos por evasión de impuestos seguidos en distintas jurisdicciones del país en contra de decenas de usuarios de los mismos comprobantes falsos.

El perjuicio económico

En cuanto al perjuicio causado por la organización criminal, se fundamentó que, según información de las bases de AFIP en relación a facturación electrónica emitida, las usinas vinculadas con la asociación emitieron facturas apócrifas en el lapso comprendido entre enero de 2015 y septiembre de 2018 por una cifra superior a los 2 mil millones de pesos (concretamente, un total de $2.181.745.623,21), con un IVA discriminado de $372.586.707,74 (e incluido en los Libros IVA de los usuarios por un total de $ 326.122.640,49), que sería el perjuicio fiscal estimado en concepto de IVA. Por su parte se estimó un perjuicio en relación al impuesto a las Ganancias por $630.552.053,91. El perjuicio estimado por la evasión de ambos impuestos es de poco más de mil millones de pesos ($1.003.138.761,66).

Entre otras maniobras, la fiscalía individualizó un patrón de reclutamiento de prestanombres, que incluyó en muchos casos el abuso de la vulnerabilidad socio-económica y/o engaño de las personas reclutadas, como también el posterior recurso a la amenaza y la coacción para acallar cualquier reclamo o denuncia.

También se fundamentó que, considerando exclusivamente los registros secuestrados en la sede de la propia organización criminal en San Luis y relacionados solo con los integrantes de la asociación que llegaron a juicio, el IVA espurio comercializado ascendió a $ 127.067.899 y que los ingresos ilícitos obtenidos a partir de esa actividad ascenderían a $ 20.889.273.


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