La justicia investiga a los escrachadores antimineros
Según contó el periodista Santiago Montiveros en el espacio "La Picada" por Radio Post 92.1, "la causa se tramita en el ámbito contravencional porque, según la normativa provincial, este tipo de conductas -aunque no alcanzan la gravedad de un delito penal- afectan la convivencia y el orden público y están concebidas para garantizar que el ejercicio de la protesta y la expresión no trasciendan límites que perturben la paz social".
A raíz del escrache que sufrió el diputado Mauricio Torres en su domicilio de San Carlos tras votar a favor del proyecto minero San Jorge, el juez contravencional de San Carlos, Leandro Passerini, inició una causa de oficio, según informo Mendoza Post.
El magistrado basó su decisión en la violación del artículo 55 del Código Contravencional de Mendoza, que castiga los "actos turbatorios y desórdenes" y prevé sanciones ante el hecho de "incitar individualmente o en grupo a las personas a reñir, insultarlas o amenazarlas o provocarlas en cualquier forma, o promover escándalos o tumultos, en lugares públicos o abiertos al público o expuestos a que el público los vea u oiga".
Según contó el periodista Santiago Montiveros en el espacio "La Picada" por Radio Post 92.1, "la causa se tramita en el ámbito contravencional porque, según la normativa provincial, este tipo de conductas -aunque no alcanzan la gravedad de un delito penal- afectan la convivencia y el orden público y están concebidas para garantizar que el ejercicio de la protesta y la expresión no trasciendan límites que perturben la paz social".
Una vez identificados los eventuales involucrados, se evaluará si corresponde aplicar las sanciones previstas para este tipo de contravenciones, que incluyen multas en Unidades Fijas (UF) y/o arresto de corta duración, según la gravedad de la conducta y su reiteración.
Por su parte, el diputado Torres dialogó este martes con Radio Post, en el programa "Tenés que saberlo", y contó que los manifestantes "estuvieron 30 minutos en la puerta de mi casa, estaban mi señora y mi hija. Es mi domicilio particular, una invasión a mi privacidad".
El propio intendente Alejandro Morillas cuestionó la metodología del escrache, la repudió y se mostró tanto como "garante de la paz social" en San Carlos como de que "la minería no ingresará al departamento".