La Justicia rechazó un pedido de Tierra del Fuego por la intervención del puerto

El Juzgado Federal de Ushuaia rechazó el pedido del gobierno de Tierra del Fuego para avanzar con una medida cautelar urgente contra la intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Ejecutivo nacional.

Desde el Tribunal se argumentó que "no se encuentran motivos que ameriten la habilitación de la feria judicial", y además se requirió que la fiscalía se expida sobre la competencia del juzgado para resolver el conflicto entre la administración provincial y el Gobierno nacional.

A su vez, se solicitó a la fiscalía que determine si el gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella está habilitado para presentarse en la causa o si esa función correspondería a la Fiscalía de Estado de la provincia.

En la misma resolución, el Tribunal pidió al secretario Legal y Técnico de Tierra del Fuego, Emiliano Fossatto, que gestione la matrícula federal correspondiente para poder intervenir en la causa ante la Justicia Federal.

Melella se reunió con sindicalistas e irá a fondo

El gobernador fueguino Gustavo Melella compartió en sus redes una reunión con gremialistas y señaló que se está dando "cada paso necesario, en el plano judicial y político, para defender la gestión provincial de un puerto estratégico, la autonomía de Tierra del Fuego y el trabajo de quienes todos los días sostienen su funcionamiento".

El mandatario ya había expresado su disconformidad al señalar que la intervención avanza sobre atribuciones propias de la provincia y altera el esquema federal: "Es ilegal lo que hicieron, no hay fundamentos", afirmó y aseguró que agotará todas las instancias judiciales. También deslizó sospechas sobre los motivos de fondo de la decisión y advirtió que podría existir "algún negocio detrás", además de reavivar el debate sobre una eventual privatización del puerto.

El mandatario negó de plano las acusaciones sobre presuntas irregularidades en la administración. Afirmó que no hubo desvíos de fondos ni maniobras indebidas y señaló que los recursos generados por la actividad portuaria se reinvierten en su totalidad, bajo sistemas de control y auditorías permanentes.

Los motivos de la intervención

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación justificó la intervención por doce meses a partir de reclamos de empresas navieras y denuncias de trabajadores sobre un presunto vaciamiento. En la resolución oficial se indicó que una comisión de inspección detectó "un deterioro significativo en sectores estructurales del muelle comercial" y advirtió sobre fallas en los sistemas contra incendios, deficiencias en señalización y alumbrado, y un cuadro general de incumplimientos que comprometerían la habilitación de la terminal.

El organismo también informó que durante el operativo no se hallaron registros de ingresos y egresos ni de compras, pese a que esa tarea había sido tercerizada por la administración provincial en una firma que -según la Agencia- figura habilitada para actividades ajenas a la operatoria portuaria, como la venta de paraguas, termos y pelucas. Todas esas observaciones, indicaron, fueron comunicadas formalmente a la Provincia.

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Otro de los puntos señalados fue el uso del presupuesto: de acuerdo con la normativa vigente, los fondos del puerto deben destinarse exclusivamente a inversiones en la propia terminal. Sin embargo, la Agencia sostuvo que el gobierno fueguino habría derivado un 33% de esos recursos a subsidios provinciales y apenas un 1,3% a obras y servicios para mejorar la calidad operativa.

Con esos elementos, el organismo concluyó que "existen sobrados fundamentos para disponer la inmediata intervención administrativa en materia de infraestructura portuaria del Puerto de Ushuaia". La medida se fijó inicialmente por un año y, una vez cumplido ese plazo, se evaluará si la situación fue regularizada o si corresponde extenderla.

Durante el período de intervención, la Prefectura Naval Argentina asistirá en las tareas operativas y en la garantía de las condiciones de seguridad, mientras que las principales gerencias continuarán a cargo de personal fueguino, al que la Agencia reconoció capacidad técnica y conocimiento del funcionamiento del puerto.