Era un niño durante la dictadura y la Suprema Corte ordenó indemnizarlo

Desde que se sancionó la Ley 8395/12, cientos de mendocinos reclamaron la pensión vitalicia prevista en esa normativa, afirmando haber sido víctimas de la dictadura entre el 24 de marzo de 1976 y 10 de diciembre de 1983. Desde entonces, surgieron algunos casos emblemáticos, como el de dirigentes que decían haber sido detenidos políticos, pero que en realidad había caído presos por robos o delitos similares y, por lo tanto, sus reclamos eran rechazados. Sin embargo, recientemente la Suprema Corte revirtió una decisión del Poder Ejecutivo y el Estado deberá habilitar el pago vitalicio y además indemnizar al reclamante.

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El caso en cuestión tiene varias particularidades. En primer lugar, quien reclamó la pensión, José Martín Orozco, tenía apenas 10 años cuando -según sostiene- fue víctima del aparato represivo del Estado. El hombre, que hoy ronda los 56 años, relató que en abril de 1976 volvía caminando de la escuela y antes de llegar a su casa, en Jorge A. Calle de Ciudad, advirtió movimiento de camiones del Ejército y soldados y que, al intentar cruzar la calle Rodríguez, un soldado le preguntó hacia dónde se dirigía y ante su respuesta fue informado que en su casa no había nadie, que ahí se encontraban trabajando y que debía acompañarlos. 

Siempre según el testimonio que dio Orozco al realizar el pedido formal para recibir la pensión, luego lo subieron a un camión y lo trasladaron a una dependencia militar en calle Boulogne Sur Mer, luego fue trasladado a otra dependencia militar en calle Emilio Civit y luego a otra en calle 9 de Julio. Al día siguiente fue liberado y al llegar a su casa tomó conocimiento que su madre había sido detenida.

El hombre contó aquel episodio en junio de 2012, cuando inició el reclamo para cobrar el beneficio económico. Se terminó la gestión de Francisco "Paco" Pérez y no hubo novedades a su favor. Luego, en 2018 y tras algunas declaraciones espontáneas, finalmente el entonces gobernador Alfredo Cornejo firmó el decreto en el que se le rechazaba el pedido, básicamente, por falta de pruebas, tal como sugirió además Fiscalía de Estado. "La documentación acompañada no acredita de manera alguna que fue detenido y que la detención fue por razones políticas o gremiales o estudiantiles. Solo obran los testimonios del propio actor, su madre, un amigo y un vecino", dictaminó el órgano de control en ese momento.

A partir de allí, Orozco presentó un APA (Acción Procesal Administrativa) ante la Suprema Corte. Finalmente, la Sala Segunda, con los jueces Omar Palermo y Mario Adaro (José Valerio no votó porque estaba de vacaciones), le dio la razón al demandante y, por lo tanto, el Estado mendocino deberá pagar la pensión vitalicia equivalente a un salario Clase 10, con el correspondiente retroactivo e intereses (desde noviembre de 2013), e indemnizar al hombre por "daño moral".

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En el fallo, el juez preopinante (Palermo) valoró los testimonios ofrecidos como prueba, pero además citó un artículo periodístico en el cual consta que dos personas comparecieron ante el Consejo de Guerra Especial N°3 de Mendoza, entre ellas, la madre de Orozco: Lucía Quiroga, quien sería condenada a 2 años de prisión. También "puede leerse en una noticia fechada el 1 de noviembre de 1980, en el diario 'El tiempo de Cuyo', que un comunicado del Consejo de Guerra expresa que el jueves se juzgará a Lucía Angélica Quiroga".

Orozco contó que toda su familia fue "investigada y perseguida" durante la dictadura por causas políticas, dado que su madre era "militante activa de la Juventud Peronista" y consideró que su detención fue una represalia contra ella, por lo que él también ha sido víctima de crímenes de lesa humanidad y merece reparación por parte del Estado.

Además, los jueces citaron como prueba a favor de Orozco el prontuario policial de su tío, Geldo Quiroga, en el que se lee: "Se reúne con su hermana, Lucía Quiroga, quien fuese detenida en abril del 76 junto con su hijo, José Martín, intercambian papeles y cajas". "De allí que no estamos ante un hecho probado sólo por testimonios, sino que existió en todo momento, en poder de la Administración, documentación oficial probatoria de la detención sufrida por el Sr. Orozco en abril de 1976", destacó el juez Palermo.

Por todo esto, el gobernador Rodolfo Suarez firmó otro decreto, el 1745/23, en el que revoca la decisión tomada en 2018 "en cumplimiento de la sentencia judicial recaída", ordena la entrega de la pensión vitalicia a partir de ahora, reconoce el pago retroactivo desde el 13 de noviembre de 2013 y acepta la entrega de una indemnización por daño moral cercana a $250.000.