Marcha atrás: la Justicia local retomará la causa por la protesta antiminera
Así lo decidió la jueza Claudia Tula, del Tribunal Penal Colegiado, luego de que la Justicia Federal también se declaró incompetente.
La causa judicial que investiga los disturbios ocurridos en Uspallata durante una manifestación contra la minería a fines de enero seguirá en manos de la Justicia local, tras una resolución de la jueza Claudia Tula.
Inicialmente, Tula -integrante del Tribunal Penal Colegiado- había declinado la competencia y girado el expediente al fuero federal. Sin embargo, luego de que el juez federal Alberto Carelli también se apartara del caso y elevara la definición a la Corte Suprema de Justicia por un conflicto negativo de competencia, la magistrada provincial decidió retomar el control del proceso.
Violencia en Uspallata: el caso llega a la Corte por un conflicto de jurisdicción
La decisión se basó en argumentos esgrimidos por el propio Carelli, quien sostuvo que los hechos ocurridos el 25 de enero en la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata constituían un "conflicto entre particulares", sin implicancia directa sobre bienes del Estado nacional.
A partir de esa interpretación, Tula resolvió remitir la causa a la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados del Ministerio Público Fiscal de Mendoza.
El expediente se originó tras los daños ocasionados en la sede de la Cámara, que estaba próxima a ser inaugurada, en el marco de una protesta que terminó con enfrentamientos, heridos y varios detenidos. Dos manifestantes fueron imputados por la fiscalía provincial y recuperaron la libertad bajo fianza, aunque permanecen vinculados al proceso judicial.
Ahora será la fiscal Laura Rousselle, a cargo de la unidad especializada, quien deberá continuar con la investigación sobre lo ocurrido en Uspallata.
