Violencia en Uspallata: el caso llega a la Corte por un conflicto de jurisdicción
El juez federal Alberto Daniel Carelli rechazó intervenir en el caso de la violenta protesta, luego de que una jueza provincial también se negara a intervenir. Ahora será el máximo tribunal del país quien decida.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá intervenir para resolver una disputa de competencia judicial surgida en Mendoza, a raíz de los graves episodios ocurridos el pasado 24 de enero durante la inauguración de una sede vinculada al sector minero en la localidad de Uspallata. En esa ocasión, una manifestación protagonizada por grupos autodenominados ambientalistas derivó en hechos de violencia, con heridos, amenazas y un incendio intencional.
El conflicto se desató entre la justicia provincial y la federal, que se atribuyen mutuamente la responsabilidad de seguir adelante con la causa. En las últimas horas, el Juzgado Federal de Garantías N°2 de Mendoza resolvió apartarse del caso, al considerar que no se trata de un asunto de competencia federal, ya que involucra intereses de índole privada. Por tal motivo, elevó las actuaciones al máximo tribunal del país para que defina qué fuero debe continuar con la investigación.
Los empresarios mineros repudiaron los hechos de violencia en Uspallata
El expediente había llegado al ámbito federal luego de que la jueza provincial Claudia Tula, a cargo del Juzgado Penal Colegiado N°2, se declarara incompetente. Tula consideró que los hechos, por su carácter violento y por la supuesta participación de grupos organizados que buscarían imponer sus ideas por la fuerza, encuadrarían dentro de la órbita federal, conforme al artículo 213 bis del Código Penal y el artículo 11 de la Ley 27.146.
Sin embargo, la fiscal federal subrogante María Cecilia Elmelaj se opuso a esta visión y planteó que el fuero federal no debía intervenir. En sintonía, el juez federal de garantías rechazó asumir la causa, al señalar que no se había afectado ni el orden público nacional ni la seguridad del Estado, condiciones necesarias para justificar la competencia federal, que calificó como "de carácter excepcional".
"La controversia tiene su origen en intereses puramente particulares", sostuvo el magistrado, al argumentar su decisión de remitir el caso a la Corte Suprema.
Cinco personas bajo investigación
Los incidentes tuvieron lugar durante el acto de apertura de la sede de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata, con la presencia de autoridades provinciales, municipales y representantes del sector, entre ellos Edgardo Vera, presidente de la entidad.
Alrededor de 70 manifestantes irrumpieron en el evento, algunos de ellos identificados como miembros o simpatizantes de la Asamblea de Vecinos de Uspallata. De acuerdo con los elementos reunidos en la causa, hubo insultos, agresiones físicas, lanzamiento de piedras y amenazas.
Uno de los acusados, Miguel Pablo González, alias "El Mostro", habría arrojado un bidón con líquido inflamable que provocó un incendio en un local lindero. Como resultado, Segundo Vera (hermano de Edgardo) y su nieto de 8 años sufrieron heridas leves.
Por otro lado, Mauricio Iván Cornejo y Federico Soria Stravatto fueron señalados por presuntamente haber amenazado de muerte a Edgardo Vera tanto antes como durante el acto. "Te dijimos que te fueras del pueblo, te vamos a matar", habrían dicho, según consta en el expediente.
También figuran como imputados Mariana Leticia González y Marcelo Daniel Molina Correa, acusados de participar activamente en los disturbios.
