Se apropiaron de inmuebles y estafaron por 4.763.000 dólares

El lunes 25 de agosto se realizó la primera audiencia de formulación de cargos en la causa en la que resultaron procesados 11 personas por asociación ilícita y estafas inmobiliarias en San Luis. Los implicados son el abogado Juan Cruz Domínguez; Hugo Alberto Guzmán, Juan Alberto Sosa, Alberto Javier Ochoa, Pablo Héctor Herrera, María de los Ángeles Toscano, Mario Cristian Vega, Carlos Mario Peralta, Roberto Córdoba Gordillo, Héctor David Escobar y Walter Luis Alejandro Terceros. 

Para este lunes está previsto que se realice una nueva audiencia para formular cargos contra cinco nuevas personas: José Héctor Jofré, Pedro Eduardo Mazzocca Fernández, Ruth Sonia Agüero, Salvador Presti y Carlos David Genta.

Estiman que el valor total de los inmuebles afectados asciende a 4.763.000 dólares. Todos los que ya enfrentaron audiencia de formulación de cargos quedaron procesados por "asociación ilícita, estafa procesal y falsificación de instrumento público, todo en concurso real".

Según informó el diario local El Chorrillero, Domínguez está señalado como el principal autor intelectual, material y jefe de la organización ilícita que se apropió de manera fraudulenta de diversos inmuebles y lotes de diferentes personas. Las propiedades en cuestión están ubicadas tanto en diversos barrios y zona céntrica de la ciudad de San Luis, El Volcán, Potrero de los Funes, El Chorrillo, Juana Koslay, Merlo, Nogolí, Los Vallecitos y Luján.

La investigación está a cargo del fiscal Francisco Assat Alí, quien el 25 de agosto en compañía de la fiscal adjunta Ornella Costa y ante la jueza de Garantía 4, Luciana Banó, realizó un extenso y pormenorizado relato sobre los 20 hechos por los que los imputados son investigados. También participó la Fiscalía de Estado dado que se considera que los intereses y los bienes de la Provincia fueron afectados por los imputados.

Cómo era el modus operandi

Para los fiscales el resto de los imputados cumplieron roles secundarios y muchas veces fundamentales para que Domínguez pudiera llevar adelante su modus operandi, cuyo objetivo era la plena apropiación de inmuebles, que en algunos casos solo quedaron en tentativa. Señalaron que el abogado se aprovechaba de víctimas de avanzada edad o que presentaban algún impedimento físico, problemas de salud o que simplemente eran herederos, pero vivían fuera de la provincia.

Indicaron que en la mayoría de los hechos el factor común fue la falsificación de boletos de compra y venta de los inmuebles, contratos de locación fraudulentos, como así también actas notariales, denuncias policiales y escrituras públicas de retrocesión falsas. Además, el imputado y sus cómplices manejaban pagarés, poderes notariales, firmas y sellos adulterados para acompañar los documentos con los que hacían las falsas compras y ventas de las propiedades y con las que además Domínguez presentaba escritos en el Poder Judicial en los distintos fueros "para dar fe de su buen obrar".

Mencionaron que Domínguez en varios de esos casos presentó domicilios falsos de aquellas personas a las que convertía en sus víctimas. Siempre daba direcciones que estaban relacionadas a él mismo y de esa manera se aseguraba de que los damnificados no se enteraran sobre los juicios por la posesión de los inmuebles y que nadie pudiera reclamarlos.

Qué afectación hubo para el Estado

La Fiscalía de Estado intervino en la causa porque considera que indudablemente se vieron afectados los bienes e intereses de la Provincia. Pues Domínguez lograba insertar de manera digital sellos que pertenecían a diferentes reparticiones gubernamentales para así darle mayor credibilidad a los documentos que manipulaba. Quedó expuesto que en muchos de ellos hubo errores de fechas, pues en algunos figuraban firmas de personas que habían muerto previo a la creación de esos documentos. En otros los nombres estaban mal escritos y ni siquiera la supuesta persona que firmaba hacía salvedad de eso, aclaraba su firma con el mismo error ortográfico. Eso era algo que llamaba la atención.

Assat Alí y Costa develaron pruebas que acreditan que la asociación ilícita se apropió de un terreno fiscal, perteneciente al Estado provincial. El loteo está ubicado en El Chorrillo y le fue vendido por los imputados a un tercero que lo compró de buena fe. Para la transacción los acusados presentaron un falso origen dominal, escritura de retrocesión apócrifa y demás documentación con datos, firmas y sellos falsos. En ese caso la persona que compró el inmueble los demandó y a cambio intentaron compensarlo dándole otro terreno. "Domínguez conocía el origen del terreno y aún así orquestó la venta", resaltó Costa.

Al mismo la querella, representada por Maximiliano y Sebastián Pipitone, resaltó que Domínguez (esposo de la jueza de Cámara, Nazarena Chada) hacía enviar notificaciones judiciales a los dueños de los inmuebles pero las hacía llegar a una dirección inexistente. Determinaron que la altura de la numeración que precisaba si bien no existía daba con la parte trasera de la vivienda de la exministra del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Chada, quien es su cuñada. El 26 de mayo la cortesana renunció al cargo.

A los ya imputados la jueza Banó resolvió prohibirles la salida de la provincia, inhibir sus bienes y que firmen el libro de procesados una vez a la semana durante cuatro meses.