El ránking negativo que lidera La Pampa junto a Tucumán y Santiago del Estero

En el marco de la "Campaña no más presos en comisarías", el Inecip presentó el "Ránking provincial de personas encerradas en comisarías", que se propone alertar sobre la gravedad de esta situación ilegal. 

Este ranking busca mostrar la cantidad de personas privadas de su libertad alojadas en dependencias policiales en cada provincia argentina, en relación al total de personas encerradas por los sistemas de justicia de cada una de esas provincias.

"Cada una de esas personas está allí porque un/a juez/a lo permite, desentendiendose totalmente de las condiciones de encierro que la persona sufrirá esperando su juicio, y muchas veces, cumpliendo la condena. Esta situación es una clara violación de la Constitución Nacional, y un incumplimiento de estándares internacionales y sentencias de nuestra Corte Suprema. Es momento de exigir la responsabilidad de cada juez/a", señalaron desde la entidad especializada en Derecho Penal.

Según su informe, al 31 de diciembre de 2022 (último relevamiento nacional disponible), más de 13.000 personas privadas de su libertad se encontraban alojadas en comisarías en condiciones de vida inhumanas. "Estos establecimientos no están autorizados para ese fin y, por lo tanto, carecen de la estructura necesaria para cubrir las necesidades básicas de estas personas, como salud, alimento e, incluso en muchos casos, un baño. Por no mencionar el objetivo de resocialización que deberían cumplir las cárceles, el cual resulta completamente inalcanzable para las personas detenidas en comisarías", indicaron.

Agregaron que "si bien este ránking es un primer paso hacia el estudio de la problemática, no por ello es suficiente. Es primordial continuar exigiendo mayor conocimiento al respecto, en tanto que la información clara, veraz y transparente condiciona la realización de políticas públicas de calidad y constituye un pilar fundamental para la democracia".

Esta publicación se enmarca en una serie de micro-investigaciones realizadas por el Inecip que se proponen identificar un indicador que sea representativo de algún problema neurálgico de la justicia penal. "La intención no es otra que colaborar con la identificación de problemas, como paso indispensable para su abordaje por parte de las instituciones democráticas", aportaron.

El informe completo, con clic aquí.