Burlando no seguirá defendiendo a Daniel Orozco
El miércoles 8 de octubre, Javier Baños presentó su renuncia ante la Justicia y dio cuenta de ello el fiscal Juan Ticheli, quien advirtió en el expediente: "...téngase presente la renuncia del letrado a la defensa técnica del imputado Daniel Orozco".
El abogado que trabajaba en la defensa del exintendente y actual candidato de Protectora, Daniel Orozco, Javier Baños, no seguirá representándolo. Baños era el "delegado" de Fernando Burlando, el mediático que ahora también es candidato, pero en la Provincia de Buenos Aires, que juró ante el Colegio de Abogados local para servir al político y de quien trascendió que su tarifa es de 1.500 dólares la hora.
El miércoles 8 de octubre, Baños presentó su renuncia ante la Justicia y dio cuenta de ello el fiscal Juan Ticheli, quien advirtió en el expediente: "...téngase presente la renuncia del letrado a la defensa técnica del imputado Daniel Orozco".
Ya en marzo, el exintendente de Las Heras Orozco y su esposa y exsecretaria de Gobierno, Janina Ortiz, se habían quedado sin los abogados defensores mendocinos que los representaban en las causas "Cooperativa fantasma" y "Coacción", tras la renuncia de Alfredo Partuzo y Agustín Troncoso.
Cabe recordar que en su momento, Baños aceptó defender a Orozco en nombre de Burlando, pero no a su esposa. Y que, hasta ahora, Burlando no asumió formalmente ni personalmente, como se había alardeado, la defensa de ninguno de ellos.
Burlando en Mendoza, convocado por Orozco.
La renuncia de los abogados de Orozco y Ortiz se dio en marzo tras la confirmación de la imputación del exintendente en la causa "cooperativa fantasma", ya que un tribunal de apelaciones rechazó el último recursos y el sobreseimiento, y del pedido de elevación a juicio del fiscal Juan Ticheli contra la exsecretaria de Gobierno en la causa por "coacción".
La causa "Cooperativa fantasma"
Esta causa judicial se nutrió de una investigación del diario Mendoza Post (ver aparte) sobre cómo la Municipalidad de Las Heras, bajo la gestión de Orozco y Ortiz, usó cooperativas que no registraban movimientos para contratar servicio de limpieza durante la pandemia (y después también), por el que pagaban suculentas sumas de dinero sin que exista una contraprestación.
La Fiscalía de Delitos Económicos centró la causa judicial sólo en una de esas cooperativas mencionadas en el informe de ese diario: "Manos a la Obra". Durante la investigación, se detectó que a través de dos contrataciones directas y dos licitaciones le habían transferido de manera irregular cerca de $40 millones (al tipo de cambio de ese momento equivaldría a 200.000 dólares), con la participación de tres actores clave: Orozco, Ortiz y Osvaldo Oyhenart, ex subsecretario de Políticas Sociales.
Orozco, Ortiz y Oyhenart fueron imputados por "peculado en cuatro hechos en concurso real", por las 2 licitaciones y 2 contrataciones directas adjudicadas a la cooperativa "Manos a la Obra", expedientes que la exsecretaria de Gobierno negó haber firmado, lo que fue derrumbado por las pericias caligráficas.
En la misma causa, fueron imputados como "partícipes necesarios" el yerno de Oyhenart, Juan Pablo Pandolfi; el dirigente del PRO y exfuncionario municipal Matías Mostaccio, el ex subcontador Daniel Herrera; y el presidente de la cooperativa fantasma y puntero político, Adrián "Moco" Pérez.
A otros exfuncionarios de Orozco se los imputó por "peculado culposo": Mauricio Valle, exdirector de Suministros; Carlos Nofal, exsecretario de Hacienda; Mauro Homan, aún secretario Legal y Técnico de la comuna; Leandro Tassi, de Contaduría, al igual que Javier Tolín; y Patricia Díaz, exdirectora de Tesorería.
La causa "Coacción"
El fiscal consideró que hay pruebas suficientes para sostener que Ortiz obligó a una empleada municipal, a través de otra agente, a mantener relaciones sexuales con el entonces subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, para que lo hiciera hablar y grabara la conversación. Todo esto bajo la amenaza de que si no lo hacía, ambas mujeres perderían su trabajo en la Municipalidad de Las Heras.
En tanto, Patricia Rivero y Carolina Murúa, madre e hija que trabajaban para Ortiz, habrían "negociado" la entrega del audio que las dos empleadas municipales habrían retenido. Y en una reunión en la casa de Rivero en abril de 2023, madre e hija habrían sacado un arma de un mueble, proyectiles, y habrían exigido a las denunciantes la entrega del material.
Del expediente surge que Ortiz quería grabar a Oyhenart porque pensaba que era parte de un complot en su contra. Por eso presionó a dos empleadas, bajo la amenaza de perder la fuente laboral, para que una de ellas se encontrara con el funcionario en un telo y lo "haga hablar" de ese presunto complot.
En este expediente, el P-63.716/23, Ortiz está imputada por amenazas coactivas, un delito que prevé una condena de 2 a 4 años de prisión; en este punto, en caso de ser encontrada culpable, la exfuncionaria de Las Heras podría ir a la cárcel ya que la eventual sentencia podría superar los 3 años y esto implicaría prisión efectiva.
