La Corte resolverá un caso de torturas ocurridas cuando uno de sus jueces estaba a cargo de las cárceles

El caso de las torturas en San Felipe, de 2010, tuvo repercusiones internacionales a partir de los videos. El funcionario responsable del Servicio Penitenciario era Mario Adaro.

Gabriela Guilló

El Estado mendocino podría ser condenado a pagar una millonaria indemnización a la familia de un preso que fue torturado en la cárcel y por lo cual seis agentes penitenciarios recibieron una sentencia en 2019. La encargada de resolverlo será la Suprema Corte, que entre sus integrantes tiene al responsable del Servicio Penitenciario en 2010: el entonces ministro de Gobierno Mario Adaro.

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Se trata del caso de William Vargas, quien en 2010 tenía 18 años y estaba detenido en el penal de San Felipe. El joven fue sometido a una serie de torturas por parte de seis penitenciarios, quienes, no conformes con los golpes, filmaron y se jactaron de la situación.

En 2011 los videos salieron a la luz y se veía a Vargas arrodillado, con las manos esposadas a su espalda y atadas con un cinturón a una ventana del pabellón, mientras recibía golpes de puño y patadas de los agentes penitenciarios.

A los gritos de dolor del joven se le sumaban las humillaciones de los agentes, quienes mientras lo golpeaban e insultaban grababan la situación.

El caso fue denunciado por la asociación Xumek a la Justicia y llegó a juicio en 2019, y Germán Núñez Aciar, José Arredondo, Luís D'Ambrosio, Daniel Perón, Edgardo Quero Rey y Jonathan Bizaguirre fueron condenados a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Por otro lado, en 2013 los abogados Sergio Salinas y Juan Manuel Lavado interpusieron una demanda civil por la cual pedían un resarcimiento económico para el joven y su familia por los daños físicos y psicológicos que padeció. 

Las torturas ocurrieron en el momento en el que Adaro, actual miembro de la Suprema Corte, era ministro de Gobierno de Celso Jaque. Él tenía bajo su órbita al Servicio Penitenciario, cuyo director era el actual juez de Garantías, David Mangiafico. En ese entonces, Adaro afirmó que se trataba de un hecho aislado y la Secretaría de Derechos Humanos se constituyó como querellante.

Mientras tanto, la víctima aseguró que los malos tratos y las torturas  eran habituales y hasta los médicos estaban al tanto, pero no hacían nada para detenerlo.

El caso tomó relevancia nacional e internacional y hasta llegaron a calificar a Mendoza como el Abu Ghraib, la prisión de Irak en la que soldados estadounidenses torturaban a reclusos iraquíes y fotografiaban el hecho.

Si bien en noviembre de 2020 la sentencia fue favorable y condenaron al Estado al pago de 3 millones de pesos, en febrero del 2022 la Cámara de Apelaciones hizo lugar parcialmente a la Fiscalía de Estado y redujo el monto a $700 mil.

Ahora los abogados interpusieron un recurso extraordinario ante la Suprema Corte para lograr que se revise la sentencia de Cámara. Actualmente el expediente está en manos de la Sala 1 del máximo tribunal, compuesta por los jueces María Teresa Day y Julio Gómez.

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