Una política de salud nacida por cesárea

 A partir de julio de 2026, todos los nacimientos en Mendoza, tanto en el sector público como en el privado, serán atendidos exclusivamente por médicos obstetras de guardia, desplazando de la responsabilidad del acto médico al profesional que acompañó todo el proceso durante el embarazo. Ante esta situación, profesionales de la salud pidieron una reunión en la Cámara de Senadores de la Provincia y, junto al senador Dugar Chapel, el diputado Emanuel Fugazzotto, presentamos un pedido de informes y solicitamos con carácter de urgente una reunión con el ministro de Salud Rodolfo Montero para expresar nuestra preocupación ante esta decisión.

También nos comunicamos con autoridades del Círculo Médico de Mendoza (CMM) y la Federación Médica de Mendoza (FMM), quienes sostienen que el objetivo de reducir las cesáreas innecesarias es legítimo y urgente, pero que la solución elegida carece de respaldo científico específico, vulnera derechos establecidos por ley nacional y plantean que esta decisión fue totalmente inconsulta, por ende, sin participación de médicos ni pacientes.

Premisa falsa

El tema es que el ministro Montero, a mi modo de entender, parte de una premisa falsa, asumiendo que el médico de cabecera es la causa principal del exceso de cesáreas, sin aportar evidencia específica que lo demuestre, y no reconoce que las causas son multifactoriales, como preferencias maternas, miedo al dolor, edad materna creciente, comorbilidades, presión de tiempo institucional e incentivos económicos previos, entre otros.

El Ministerio sostiene que su medida no viola la Ley Nacional 25.929 de Parto Humanizado porque el médico de cabecera puede estar presente durante el parto como acompañante. Esta interpretación es técnicamente parcial y jurídicamente insuficiente, y debe ser analizada con precisión legal. La Ley 25.929 - Artículo 2°, inciso g): "Toda mujer, en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, tiene derecho: (...) g) A estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto."

Este artículo garantiza el derecho a ser acompañada por la persona de su confianza. El Ministerio lo interpreta como que el médico de cabecera puede estar presente.

La asignación de un médico de guardia como único responsable del parto constituye una intervención médica diferente respecto al derecho a elegir que tienen las personas gestantes y es un retroceso abismal y no un avance como lo quieren mostrar. Es más, para ser legal, la paciente debe haber sido informada de esta alternativa y haber optado libremente por ella. La pregunta que el Ministerio no ha respondido es: ¿Cuándo y cómo se implementa ese proceso de información y opción libre en cada caso individual?

Por otro lado, la Ley 26.529 de Derechos del Paciente dice: - Artículo 6°: "Toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere, con carácter general y dentro de los límites que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente".

La asignación del médico de guardia como responsable del acto del parto, en reemplazo del médico que controló el embarazo, es una actuación profesional diferente a la originalmente acordada entre profesional y paciente.

El componente económico

La medida tiene un componente económico explícito que no puede desligarse del análisis, y lo grave, que huele a negocio, es que desde julio de 2026, los pagos irán directamente a las clínicas, eliminando la intermediación de las asociaciones de obstetras, y se fija un arancel único de $1.300.000 por parto, pero curiosamente el profesional de cabecera recibirá solo el 25% de ese valor sin realizar el acto médico principal, que equivale a la suma de solo $325.000. Entonces nos cabe la pregunta: ¿quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta reestructuración?

Cabe aclarar que el pedido de informes número 82983/2026 presentado por quien escribe y Dugar Chappel no fue aprobado por el oficialismo. Allí, se solicita "al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y Deportes, informe sobre la implementación del modelo de atención de partos por equipos de guardia". Nos preguntamos por qué se niegan a dar respuesta a una consulta de senadores que justamente tienen la obligación de ejercer el control al Poder Ejecutivo basados en el principio democrático de la división de poderes, pero desgraciadamente el obstáculo ante estos interrogantes no cesa; por eso volvemos a preguntarnos retóricamente: ¿y la Constitución? Bien, gracias.

Mendoza merece una política de maternidad que sea segura, justa, austera, participativa y verdaderamente humanizada, y por ello nos preguntamos si realmente este es el mejor camino. Por eso decimos que esta política de salud, paradógicamente, ha nacido por cesárea.