No soy yo, sos vos: en discusión, el populismo en los fallos de la justicia mendocina

El populismo (en cierta forma, "actuar para la tribuna" más allá de lo que diga el sentido común que hay que hacer) no es propiedad de derechas o izquierdas. La historia de la humanidad reconoce políticos, jueces, deportistas, periodistas, si se quiere, que juegan a ese juego que da aplausos instantáneos, pero efímeros.

A escala judicial, se denomina "populismo penal" al agravamiento de las penas que generalmente surge del clamor social ante algún caso impactante. Allí ocurre un encuentro entre espíritu de linchamiento, políticos, liderazgos sociales espontáneos e integrantes de la magistratura: "Lo pedís, lo tenés", parecen decirle a las turbas que buscan más que justicia, venganza.

Sin embargo, desde estos sectores aparece un señalamiento e sentido contrario. Enarbolan la bandera del populismo judicial del lado de los que se conocieron como "garantistas" (muy discutido término dentro de la Justicia, ya que se piensa que garantistas de la ley deben ser todos) y que en realidad pertenecen a un variopinto mundo en el que se mueven jueces, fiscales, defensores que buscan la abolición de la persecución penal en busca de medidas alternativas, acorde al pensamiento de Raúl Zaffaroni, o bien van y vienen en función de su "clientela" ideológica, académica o política.

Fallos garantistas: Adaro cree que lo critican porque hay clima electoral

Esto último suena fuerte pero es cierto: ya se sabe que ningún nació de un repollo ni lo llevó hasta su despacho una cigüeña, salvo que tanto repollo como cigüeña resulten ser los pseudónimos de sus padrinos políticos o motes de los partidos de los cuales surgieron.

Hay, entonces, afinidades previas a la llegada a los cargos, por ejemplo, de los integrantes de la Corte, y también enemistades, prejuicios y vetos ideológicos que van más allá de la perimida calificación en torno a pertenencias a izquierda o derecha.

Valga también conocer que, a la hora de dar un fallo, hay biblioteca disponible para unas decisiones tanto como para las que van en sentido contrario, de allí que cobre relevancia una discusión en torno a qué Justicia queremos en la sociedad que tenemos y en el momento político que se vive.

Valga esta introducción para comentar dos fallos, entre tantos, que en los últimos días han sido parte de la discusión en los medios por su impacto. Ambos surgieron de una Sala de la Corte en Mendoza, la Penal, en la que sus integrantes tienen un alto perfil: son Omar Palermo, juez afiliado a la agrupación "Justicia Legítima", llevado hasta esa silla por el gobernador Francisco Pérez y asesor de la reforma judicial del presidente Alberto Fernández, propulsor de una Corte nacional intermedia y paralela, simplificando los términos. Está Mario Adaro, exconcejal peronista de San Martín y exministro de Gobierno de Celso Jaque. Y el tercero -y minoría en discordia- es el radical José Valerio. 

Palermo y Adaro empujaron la absolución de Blas y Macho

En un fallo liberaron de culpas a un conductor que violó un control policial y en otro, a los dirigentes gremiales Raquel Blas y Roberto Macho, por cortar una calle durante un piquete.

Para los que adscriben al pensamiento de la minoría en esa Sala, la decisión fue populista y despierta un antecedente peligroso que incitará a la sociedad a cortar calles sin control ni respeto, por ejemplo, a las normas de convivencia sancionadas por comunas como la Ciudad de Mendoza, durante la intendencia de Rodolfo Suarez, o el paradigma del orden que adjudican al exgobernador Alfredo Cornejo.

Para Adaro, que habló con la prensa tras saltar las críticas, se están garantizando derechos consagrados no solo aquí, sino en el mundo, y que como juez de la Corte se ve obligado a poner sobre la mesa más allá de lo polémico o no de su voto en esa comisión de tres personas en donde dos imponen el criterio.

Y aquí es donde surge una tercera crítica, más general y que tiene que ver con las formas y no solo con el fondo, y es la que cuestiona el sistema de división de la Corte en "salas". Allí, dicen, siempre dos personas fijarán la opinión de todo el máximo tribunal, integrado por siete.

La respuesta de Adaro fue que cuando el presidente de la Corte -hoy el exministro de Gobierno de Cornejo, Dalmiro Garay- ha querido imponer un criterio distinto, ha llamado a votar en plenario, "como lo puede pedir cualquier juez de la Corte", según dijo a Radio Nihuil.

Qué implicaría crear un tribunal paralelo a la Corte, como propuso el mendocino Palermo

Pero otros creen que no se puede estar jugando de esta manera y que, al final, lo que está haciendo falta es una reforma a la Ley Orgánica de Tribunales, algo que obviamente solo se puede hacer con otra ley.

¿Quién la haría? Hay un proyecto en danza en la Corte, pero le faltan dos cosas:

1- Padrinazgo legislativo con ganas de llevar adelante la batalla por sancionarlo y cambiar el sistema de salas.

2- Decisión del Gobernador de dar la pelea sin postergaciones, en un contexto general en el que sus iniciativas han ido para atrás ya sea por decisión propia u obligado por las circunstancias.

Lo que sí hay que decir que este sistema en el que solo dos integrantes de la Corte deciden por siete no está en la vieja Constitución de Mendoza todavía vigente. La Carta Magna solo dice que "podrá" funcionar en sala, por lo que no impone ni prohibe y es la legislación que la reglamenta la que decide cómo puede funcionar.

Lo que resta es la racionalidad del debate y no el encriptamiento clásico de sectores judiciales que dicen querer sumar miradas sociológicas a su trabajo, pero luego se niegan a escuchar opiniones de quienes no son parte intrínseca de la élite jurídica.

Y una vez más, los órganos elegidos por el voto popular, como la Legislatura -y no los espacios de diálogo corporativo- tienen la oportunidad de asumir cambios en temas que, en el corto o el largo plazo, inciden en la forma en que vivimos en sociedad.