Justicia frena intento del Gobierno de transformar el Banco Nación en Sociedad Anónima
La Cámara Federal de La Plata suspendió el decreto presidencial que buscaba modificar el estatus legal del banco. La decisión se suma a otro fallo previo y representa un nuevo freno al plan oficial de privatizaciones.
La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata resolvió suspender el decreto que el presidente Javier Milei había firmado en febrero para convertir al Banco de la Nación Argentina en una Sociedad Anónima. La iniciativa, que fue presentada por el Gobierno como una estrategia para "modernizar" la estructura operativa y jurídica del banco, quedó en pausa tras el fallo de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, quienes sostuvieron que el Poder Ejecutivo no cuenta con autorización legislativa para cambiar la naturaleza jurídica de la entidad.
En su resolución, los magistrados señalaron que la habilitación otorgada por el Congreso para avanzar con la reorganización del Estado no implica una autorización explícita para alterar la figura legal del banco, definida por ley. Para los jueces, no existe un "patrón inteligible" que respalde ese tipo de transformaciones en el marco de las facultades delegadas.
Esta medida judicial se suma a un fallo previo emitido por el juez Alejo Ramos Padilla en febrero, cuando también se ordenó frenar el avance del Gobierno en el proceso de privatización. En aquella ocasión, el magistrado advirtió sobre una "extralimitación" en el uso de las facultades delegadas y prohibió al Estado avanzar con cualquier acción tendiente a implementar esa medida.
La causa fue iniciada por trabajadores del Banco Nación, quienes presentaron un recurso para impedir la privatización. La Justicia les reconoció legitimidad para actuar en defensa del carácter público de la entidad, dado su estatus autárquico y regido por normas de derecho público.
Cabe recordar que el Banco Nación había sido incluido inicialmente en la lista de empresas públicas sujetas a privatización dentro del proyecto de Ley Bases. Sin embargo, fue retirado del texto final para facilitar los acuerdos parlamentarios. Pese a ello, el Gobierno insiste en reactivar la discusión: la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo planea abordar el tema en una próxima reunión.