El Senado mendocino dio media sanción a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

Este martes, la Cámara de Senadores de Mendoza dio media sanción al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), el cual tiene por objetivo consolidar un modelo de gestión ambiental sostenible y coordinado en toda la provincia. Desde el PJ rechazaron la propuesta, aludiendo que la misma quita autonomía a los municipios, los cuales no fueron partícipes de la redacción de la ley según argumentó el justicialismo.

La iniciativa plantea un sistema que abarca todas las etapas de los residuos, desde su generación hasta la disposición final, incorporando la separación en origen, el reciclaje y la valorización de materiales. Según la ministra de Energía y Ambiente Jimena Latorre, el sistema propuesta es "organizado, equitativo y eficiente para el tratamiento de residuos urbanos en todo el territorio de Mendoza".

La senadora Yamel Ases, presidenta de la comisión de Ambiente, destacó que se trata de un paso clave para superar más de tres décadas de vigencia de una norma que resultó de difícil cumplimiento, lo que derivó en la existencia de más de 50 macrobasurales a cielo abierto en Mendoza.

Ases además destacó que la nueva legislación busca jerarquizar las competencias municipales, pero con un cambio sustancial: la obligación de que la provincia acompañe con asistencia técnica y financiera a los departamentos en la gestión y remediación de los basurales. A su vez, subrayó que el proyecto establece mecanismos de control, sanciones y recomposición ambiental, además de transparentar los datos de gestión de residuos, lo que permitirá una toma de decisiones más eficiente por parte de autoridades y ciudadanía.

La normativa establece la regionalización de la provincia en cuatro zonas para la gestión de residuos: Metropolitana, Este, Centro y Sur. Además, los municipios deberán elaborar sus propios planes municipales o interjurisdiccionales, ajustados a los lineamientos provinciales, que incluyan diagnóstico del territorio, metas, acciones técnicas y ambientales, programas de inclusión social y proyectos de infraestructura para tratamiento y disposición final de residuos.

Entre los aspectos innovadores, la ley contempla la creación de Centros Tecnificados de Economía Circular, estaciones de transferencia de residuos y un registro provincial de transportistas y centros tecnificados, asegurando trazabilidad y transparencia en todas las etapas de gestión.

El PJ cuestionó la quita de autonomía a los municipios

Desde el bloque justicialista criticaron la norma impulsada por el Poder Ejecutivo y señalaron que la misma "viola la autonomía municipal" y "genera más confusión que soluciones". Además, la misma centraliza las decisiones "sin dar participación a los intendentes ni financiamiento a los municipios".

La senadora Adriana Cano aseguró que "ningún municipio fue tenido en cuenta en la elaboración de este proyecto, a pesar de ser los actores primarios en la gestión de residuos": "No fueron invitados ni consultados, algo que es doblemente preocupante porque la Constitución les reconoce competencias exclusivas en higiene urbana, salud y limpieza pública".

Si bien el bloque coincidió con la postura de mejorar la ley vigente, recalcaron que esta no es la manera en la que debe llevarse a cabo dicha modificación: "Esta es una oportunidad perdida: se avanza en una norma inconsulta, que desconoce la realidad de los municipios y abre la puerta a más burocracia y conflictos", destacó la senadora.

Cano también cuestionó el proceso exprés de tratamiento legislativo: "Esta ley tiene menos de un mes de discusión, sin convocar a intendentes, académicos, recuperadores ni cooperativas. Se avanzó apuradamente y sin criterios claros. Lo que termina mostrando este proyecto es una intromisión indebida del Poder Ejecutivo en las competencias municipales".