El Gobierno pone un freno al gasto y a las contrataciones durante 2026
Un decreto firmado por Alfredo Cornejo establece límites trimestrales a la ejecución presupuestaria, mayores controles sobre contrataciones y designaciones, y medidas para preservar el equilibrio fiscal durante todo el próximo ejercicio.
El Gobierno de Mendoza oficializó un paquete de medidas de ajuste y control del gasto público que regirá a lo largo de 2026. A través del Decreto Nº 2974, firmado el 26 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo provincial estableció límites estrictos al ritmo de ejecución presupuestaria, congeló el inicio de trámites vinculados al personal hasta abril y reforzó los requisitos para nuevas contrataciones y compras de bienes.
La norma se enmarca en la Ley de Responsabilidad Fiscal y apunta a "hacer más eficiente el uso de los fondos públicos" y preservar el equilibrio presupuestario, en un contexto de ingresos condicionados y necesidad de administrar con mayor prudencia los recursos del Estado. Según se aclara en los considerandos, las medidas tienen carácter transitorio y no afectarán la prestación de servicios esenciales.
Uno de los ejes centrales del decreto es la fijación de porcentajes máximos de ejecución del gasto a lo largo del año. Para la Administración Central, organismos descentralizados y cuentas especiales, el gasto podrá ejecutarse de manera acumulativa hasta el 15% en el primer trimestre, 25% en el segundo, otro 25% en el tercero y 35% en el último tramo del año. En el caso del Poder Legislativo, el Judicial y los organismos de control, el tope será del 25% por trimestre. Estos límites podrán ajustarse si la evolución de la recaudación así lo permite, mediante resoluciones del Ministerio de Hacienda.
El decreto contempla numerosas excepciones. Entre ellas, quedan fuera de la cuotificación los gastos en personal, servicios esenciales, pagos de deuda, erogaciones de capital, juicios, educación, salud y seguridad, además de partidas específicas vinculadas a la Fiesta Nacional de la Vendimia. En esos casos, el gasto podrá ejecutarse en su totalidad desde enero.
Otro punto clave es el freno a los trámites de personal. A partir de la vigencia de la norma, todo trámite relacionado con nuevas designaciones, contrataciones o movimientos de personal podrá iniciarse recién desde el 1 de abril de 2026. Quedan exceptuados los concursos en curso, sentencias judiciales, el personal policial y penitenciario, y los sistemas de salud y educación, siempre sujetos a la disponibilidad presupuestaria.
El decreto también endurece los controles sobre contratos de locación de servicios y de obra, que deberán contar con autorización expresa del ministro del área y del Gobernador, además de una proyección detallada del impacto presupuestario. En el mismo sentido, se establecen mayores exigencias para la firma de convenios con universidades, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que impliquen erogaciones para la Provincia.
Entre las medidas de austeridad, se limita además el uso de celulares oficiales: solo podrán tenerlos el Gobernador, ministros, secretarios, subsecretarios y directores, salvo autorizaciones fundadas. Quienes no cumplan deberán devolver los equipos o afrontar el costo del consumo.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas tendrá amplias facultades para monitorear la ejecución presupuestaria y aplicar medidas adicionales si la recaudación no acompaña lo previsto. El decreto entra en vigencia a partir del primer día hábil de 2026 y regirá hasta que se dicte la norma correspondiente al ejercicio siguiente. Además, el Ejecutivo invitó a los poderes Legislativo y Judicial y a los municipios a adoptar disposiciones similares.