El proyecto de reforma laboral y el estado de alerta de los actores implicados
El ambicioso proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno abre un escenario de fuerte tensión entre sindicatos, empresas, juristas y provincias, que advierten sobre la afectación de derechos, la negociación colectiva y la recaudación, mientras el oficialismo apuesta a modernizar un sistema que considera desfasado frente a las nuevas dinámicas del trabajo. Lo analiza Sebastián La Rosa.
El gobierno nacional está jugando fuerte. En las mieles de su nueva composición parlamentaria y, de la posibilidad de acuerdos menos traumáticos con sectores dialoguistas, remitió un proyecto de reforma, o modernización como se titula, laboral.
Siendo específico: una actualización de las leyes de contrato de trabajo, de organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, de las convenciones de trabajo, de las asociaciones sindicales y hasta cuestiones tributarias relacionadas. Los 197 artículos, por demás ambiciosos algunos, tocan un amplio abanico de temas.Como era esperado, asociaciones (gremios, sindicatos, etc.) y demás corporaciones, empezaron en mayor o menor tenor, a levantar rechazos y disconformidades al respecto.
Enfocándonos en los actores, las críticas podemos intentar resumirlas.Sindicatos: ven el proyecto como regresivo, atacando derechos históricos y a la negociación colectiva. Las CTA dicen que, se utiliza a las Pymes como pretexto de un verdadero propósito para precarizar el empleo y desproteger a los trabajadores. Por ende, se atacan derechos fundamentales debilitando la presunción de relación laboral, facilitando el fraude indemnizatorio; promoviendo la tercerización irresponsable; con salarios dinámicos que destruyen la estabilidad; y abarata los despidos, transfiriendo su costo al Estado y desfinanciando el sistema previsional. Además, vulnera garantías constitucionales como las vacaciones, la jornada laboral y, en especial, desarticulando la acción sindical colectiva. Sectores industriales de la CGT manifiestan que, de principio a fin, el proyecto es malo, por lo cual es difícil trabajar sobre ese texto.
Patronales: las empresas objetan cuestiones como el fin a la ultraactividad de los convenios, lo que obligaría a las empresas y a los sindicatos a renegociar de manera permanente, con el lógico desgaste para ambas partes. También que se elimina la obligatoriedad de los aportes o contribuciones patronales especiales destinados a cámaras o agrupaciones de empleadores en actividades como, por ejemplo, la capacitación. Además, que prevalezcan los convenios de ámbito menor sobre otros de ámbito mayor; tratando de cambiar la negociación colectiva por región o por empresa.
Laboralistas: argumentan que está orientada a continuar la "Ley Bases" y seguir reduciendo costos indemnizatorios con el fin de "dinamizar" el mercado. También, fortaleciendo el monotributo, siendo este más amplio en el tiempo y desconociendo la dependencia encubierta.
Las críticas centrales, se resumen a la afectación de derechos fundamentales constitucionales y pactos internacionales.
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA: rechazó el proyecto, ya que se introducen cambios en el régimen de honorarios de auxiliares de la justicia, reduciendo los mínimos arancelarios y avanzando sobre materias ajenas a una reforma laboral.
Gobernadores: cuestionan rebajas en el impuesto a las ganancias que afectaría a fondos coparticipables; esto es, modifica la escala para el pago del Impuesto de las sociedades (grandes empresas) dando una baja recaudatoria.Desde los pro reforma, argumentan que siempre se habla de actualizar la legislación laboral, mientras nos acostumbramos a parches regulativos. Hay problemas de fondo incuestionables como el empleo en negro, la baja competitividad y los esquemas de contratación. Piden actualizar una modernidad que mira por el retrovisor, donde los avances de la tecnología y el conocimiento interpelan al mundo del trabajo. Actualmente, ya no hay una sola realidad laboral por persona. Las relaciones laborales, hoy, muestran una gran litigiosidad bajo el manto de ciertos aspectos de la protección social, generando un estancamiento en la creación de nuevos puestos de trabajo.
Lograr la manera de transformar las acusaciones de inconstitucionalidad en avances normativos, será un desafío importante para el oficialismo. Resta definir qué contenido es descartable desde el vamos para éste, en el marco de las negociaciones con los actores en cuestión.