Baja de imputabilidad: Mendoza avala la idea de Milei, pero reclama presupuesto

La subsecretaria de Infancia de Mendoza, Verónica Álvarez Ocampo, respaldó en una entrevista radial el proyecto del Gobierno nacional para reducir la edad de imputabilidad penal juvenil, aunque condicionó su aplicación a la creación de partidas específicas para las provincias. "Estamos de acuerdo con la reforma de la ley, pero también queremos exigir la creación de un fondo específico para el tratamiento de estos jóvenes", afirmó.

La funcionaria señaló que hoy la provincia trabaja con adolescentes de entre 16 y 18 años, y advirtió que una baja a 13 o 14 implicaría ampliar significativamente el sistema. "Si vamos a trabajar con adolescentes de 13 o 14 años, necesitamos más presupuesto y no solamente para infraestructura, sino para programas y para la reintegración social", sostuvo en una entrevista durante el programa "Tenés que saberlo" por Radio Post.

En ese marco, citó estándares internacionales y diferencias de desarrollo evolutivo. "UNICEF recomienda que, si se baja la edad de imputabilidad, sea como mínimo 14 años y siempre lo más cerca posible de los 18", dijo, y agregó: "Hay análisis médicos que indican que el desarrollo cerebral se completa a los 16 años, cuando un adolescente puede darse cuenta del daño que ha ocasionado".

Durante la charla también se mencionaron antecedentes de otros países y debates más extremos, como el caso del Reino Unido, donde la imputabilidad comienza a los 10 años, ejemplos que Álvarez Ocampo vinculó con discusiones clínicas y no con modelos a replicar sin estudios.

Sobre la situación actual en Mendoza, aclaró que las decisiones judiciales son centrales. "Los jueces penales de menores deciden qué hacer con los chicos. El Poder Ejecutivo hace un abordaje integral del adolescente y de su familia", explicó.

Precisó que hay 44 jóvenes privados de libertad y 369 bajo medidas alternativas en sus comunidades, asistidos por equipos interdisciplinarios. "Están bajo un abordaje específico e integral de profesionales que trabajan con ellos, con sus familias y con sus comunidades", detalló.

Consultada sobre la reincidencia, reconoció resultados dispares. "Hay experiencias muy exitosas de chicos que, a través de la integración escolar o actividades deportivas, han podido salir de la cuestión delictiva. Y hay otros que no, que forman parte de redes más profundas y terminan en el sistema penal de adultos".

Álvarez Ocampo insistió en que la problemática no debe recaer solo sobre los adolescentes. "La responsabilidad es nuestra como adultos, como padres y madres, cuando tenemos que ejercer el rol de cuidado y protección", afirmó, y planteó que una reforma debería también "sancionar a los padres que no cuidan".

En relación con el debate planteado por el juez José Valerio -quien había advertido sobre un eventual colapso judicial si la norma incluyera todos los delitos- la subsecretaria respondió que el eje no debe ser la capacidad del sistema judicial. "No nos podemos basar en reformar una ley por la cantidad de personal en la Justicia, sino en resolver los problemas sociales", señaló.

También subrayó la complejidad fiscal del escenario. Ante la consulta por el rol del Gobierno nacional, advirtió: "Si van a plantear este tipo de reformas, lo tienen que hacer conscientes de que se necesita un presupuesto adecuado". Y agregó que Mendoza no cuenta con esos fondos: "La provincia no la tiene, necesitamos que venga de Nación".

Otro punto abordado fue el consumo problemático de drogas entre jóvenes en conflicto con la ley. Álvarez Ocampo explicó que se trabaja en coordinación con Salud Mental para facilitar tratamientos, aunque aclaró: "No es una solución mágica. Necesitamos el aporte de las familias. Los chicos solos no pueden".

Finalmente, reclamó reforzar políticas de inclusión. "Hay que apuntar a la formación, a la educación y a lo deportivo, para que no se muestren con un arma y se sientan más poderosos", afirmó.

El debate legislativo se encamina a tratarse en sesiones extraordinarias, donde se discutirán tanto la edad mínima como el alcance de las penas previstas en el proyecto oficial, que contemplaría distintos tipos de delitos y un máximo de 15 años para los casos más graves.