Extraordinarias en marcha: el Gobierno se juega dos reformas clave y mide fuerzas en el Congreso
La Casa Rosada acelera los proyectos laboral y penal, mientras negocia votos en el Senado y enfrenta resistencias por el impacto fiscal en las provincias.
El Congreso abre este lunes el período de sesiones extraordinarias dispuesto por el presidente Javier Milei, que se extenderá hasta el 27 de febrero, con una agenda concentrada en iniciativas sensibles y negociaciones políticas intensas. Las reformas laboral y penal aparecen como los ejes centrales de un temario que también incluye discusiones ambientales y reclamos de las provincias patagónicas por la emergencia ígnea.
La convocatoria quedó oficializada a través del Decreto 24/2026, publicado el 19 de enero en el Boletín Oficial, que habilita únicamente el tratamiento de los proyectos enumerados en su anexo. Con ese instrumento, el Gobierno fijó límites precisos para el debate parlamentario en un período fuera del calendario ordinario.
En Balcarce 50 buscan acelerar el tratamiento de las iniciativas más relevantes antes del inicio formal de las sesiones ordinarias del 1 de marzo. Además de la modernización laboral y de la Ley Penal Juvenil, siguen abiertas conversaciones por eventuales cambios en la Ley de Glaciares y por una ley de emergencia para los incendios en la Patagonia. El oficialismo despliega reuniones políticas, contactos con gobernadores y diálogo con aliados en un escenario donde los votos, especialmente en el Senado, todavía no están asegurados.
Agenda restringida y control del Ejecutivo
Entre los proyectos incluidos figuran la Ley de Modernización Laboral, la modificación del régimen de protección de glaciares, la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario y el eventual acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que aún debe ser enviado por el Poder Ejecutivo.
En los últimos días se confirmó la incorporación de la Ley Penal Juvenil y no se descarta sumar nuevas propuestas. En ese marco tomó fuerza la posibilidad de discutir una norma de emergencia ígnea para la Patagonia, impulsada por los gobernadores del sur y respaldada por el PRO, uno de los principales socios parlamentarios del Gobierno.
Reforma laboral: el costo fiscal, en el centro de la pulseada
La reforma laboral es la principal apuesta del Ejecutivo en este período, pero también la que concentra más resistencias. El capítulo tributario generó fricciones con las provincias, en particular por la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta en la coparticipación.
El proyecto prevé bajar la alícuota del 30% al 27% en el tramo 2 y del 35% al 31,5% en el tramo 3. De acuerdo con estimaciones basadas en el Presupuesto 2026, la merma total de recaudación alcanzaría los $3,1 billones, de los cuales $1,7 billones corresponden a las provincias. En promedio, las jurisdicciones recibirían durante ese año unos $144.000 millones menos por mes.
Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con mandatarios provinciales para reunir apoyos, en la Casa Rosada conviven dos posturas: una que impulsa sostener el texto sin cambios y otra que evalúa introducir ajustes para destrabar acuerdos. El oficialismo apunta a obtener media sanción en febrero, aunque admite que las tratativas continúan.
En la previa del debate, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la iniciativa y afirmó que "fortalece los derechos de los trabajadores", además de sostener que busca fomentar el empleo formal al reducir costos que hoy desalientan la contratación.
Varios gobernadores dialoguistas, si bien coinciden con los ejes generales del proyecto, condicionaron su respaldo a la creación de un mecanismo que compense la pérdida de recursos para las provincias. Según trascendió en el Gobierno, se analiza un esquema paralelo de compensaciones que empezaría a regir en 2027 si la ley finalmente se aprueba.
Baja de la edad de imputabilidad y debate penal
Otro foco relevante de las extraordinarias es la Ley Penal Juvenil, con la que el Ejecutivo pretende reducir la edad de imputabilidad. La propuesta original fija el piso en 13 años, aunque en el oficialismo reconocen que podría elevarse a 14 para lograr consensos.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció su inclusión en la agenda a través de la red social X luego de una reunión de la mesa política en Casa Rosada. En el mismo sentido, la ministra Patricia Bullrich reclamó avanzar con el tratamiento en febrero al escribir: "No más excusas ni dilaciones".
El antecedente inmediato es el dictamen emitido el año pasado en Diputados, donde un plenario de comisiones acordó llevar la edad a 14 años, con penas máximas de hasta 15 años y sanciones alternativas para condenas menores. Desde bloques dialoguistas advirtieron sobre la falta de infraestructura y recursos, mientras que en el PRO señalaron que reducirla a 13 años implicaría duplicar la cantidad de menores en el sistema.
El oficialismo proyecta que la discusión se inicie en Diputados en la segunda semana de febrero y no descarta que el Senado la trate recién durante el período ordinario, a partir de marzo.
Estrategia política y clima de confrontación
En la antesala del inicio formal de las sesiones, la mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada para definir la hoja de ruta legislativa. El encuentro estuvo encabezado por Adorni y participaron Karina Milei, Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Bullrich y Santiago Caputo.
Bullrich, además, mantuvo reuniones con senadores de bloques dialoguistas y aseguró luego que el acuerdo por la reforma laboral "está consolidado", aunque admitió reclamos puntuales.
En paralelo, el kirchnerismo intensificó la presión sobre los gobernadores para que rechacen el proyecto. El senador Mariano Recalde afirmó que "hay un pelotón de 15 senadores que todavía no definieron su voto" y respaldó el rol de la CGT en la oposición a la iniciativa. Gremios más combativos, en tanto, anunciaron movilizaciones para el día en que la reforma llegue al recinto.
El clima se tensó aún más tras el cruce entre el Gobierno y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Luego de que el mandatario cuestionara la propuesta, Adorni y Santilli respondieron con críticas en X, profundizando la confrontación entre Nación y la provincia de Buenos Aires en la previa del debate parlamentario.