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Diputados abrió el debate por la baja de imputabilidad y el acuerdo Mercosur-UE

El oficialismo consiguió quorum en la primera sesión del año y busca avanzar con el Régimen Penal Juvenil, que fija la edad en 14 años, y con el tratado comercial entre ambos bloques.

La Cámara de Diputados inició este jueves su primera sesión de 2026 con una agenda de alto voltaje político: el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil y la aprobación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El oficialismo logró reunir el quorum necesario y confía en alcanzar la media sanción en al menos uno de los proyectos.

El debate se activó menos de 24 horas después de que se firmaran los dictámenes en comisión y tras el envión que significó para el Gobierno la aprobación de la reforma laboral en el Senado. La sesión es encabezada por el presidente del cuerpo, Martín Menem.

La mayoría de los bloques -con excepción del Frente de Izquierda, Unión por la Patria y algunos legisladores de Unidos- aportaron para habilitar la sesión. Sin embargo, hubo un gesto que llamó la atención: el massista Ramiro Gutiérrez, integrante de UP y referente en temas de seguridad, se sentó para dar quorum. El diputado viene promoviendo desde hace años la reducción de la edad de punibilidad, por lo que no se descarta una fractura interna en el peronismo al momento de la votación.

Antes de comenzar el tratamiento de los proyectos, juró como diputado el exgobernador Juan Schiaretti, quien no había podido asumir en diciembre por una intervención cardiovascular. Desde los palcos lo acompañó su esposa, la senadora Alejandra Vigo. Además, el cuerpo realizó un minuto de silencio en homenaje a la exdiputada Sandra Mendoza, fallecida el miércoles.

Qué plantea el Régimen Penal Juvenil

El dictamen impulsado por el oficialismo reunió 81 firmas de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas e Innovación Federal (estos dos últimos con disidencias parciales). La iniciativa establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y fija un esquema que combina sanciones con medidas socioeducativas.

El texto contempla programas educativos, actividades deportivas y recreativas, atención médica y tratamiento de consumos problemáticos. También prevé informes trimestrales de seguimiento y establece penas de hasta 15 años, con posibilidad de acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la condena.

En paralelo, Unión por la Patria presentó dos dictámenes: uno que mantiene la edad actual y otro, vinculado al massismo, que propone bajarla a 14 años. Provincias Unidas impulsó su propio proyecto en el mismo sentido. En tanto, el Frente de Izquierda y el diputado catamarqueño Sebastián Nóblega presentaron iniciativas de rechazo.

El presupuesto para su implementación

Una de las incorporaciones centrales del dictamen fue la asignación de una partida específica para poner en marcha el régimen, estimada en $23.739.155.303. Desde el oficialismo remarcaron que el esquema cuenta con aval del Ministerio de Economía.

Del total, más de $20.000 millones estarían destinados a la Defensoría General de la Nación para garantizar la defensa de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Otros más de $3.000 millones se asignarían al Ministerio de Justicia, que tendrá a su cargo la figura de los "supervisores", responsables del seguimiento y control de los jóvenes alcanzados por el régimen.

El proyecto también habilita a la Nación y a las provincias a firmar convenios de cooperación para infraestructura, alojamiento o traslado de adolescentes entre jurisdicciones.

El acuerdo Mercosur-UE

En la misma sesión se discute el extenso acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un documento de 3.039 páginas que busca establecer un marco estable para el comercio y las inversiones entre ambos bloques.

Entre sus objetivos figuran la reducción de aranceles y barreras no arancelarias, una mayor integración en las cadenas globales de valor y la generación de un entorno favorable para el incremento de inversiones. El dictamen obtuvo 46 firmas de respaldo.

Con ambos proyectos en tratamiento, el oficialismo apuesta a consolidar una nueva victoria parlamentaria en el inicio del año legislativo.

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