Baja de la edad de imputabilidad: ¿funcionará sin atacar las causas del delito juvenil?

La discusión volvió con fuerza. El proyecto para reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad ya tiene media sanción y el debate político está instalado.

Pero hay algo que todavía no está en el centro de la conversación:¿bajar la edad por sí sola reducirá el delito juvenil o puede convertirse en una medida que suena firme pero no cambia el problema de fondo?

Primera pregunta: ¿sin prevención sirve?

Reducir la edad modifica la respuesta penal. Amplía el alcance del sistema judicial. Pero no necesariamente modifica las condiciones que empujan a muchos adolescentes al delito.

El delito juvenil no aparece de golpe. Hay trayectorias previas: abandono escolar, consumo problemático, captación por redes delictivas, acceso temprano a armas. Son señales que, en muchos casos, ya estaban visibles antes del hecho grave.

Si la reforma no viene acompañada de políticas preventivas reales: presencia territorial sostenida, control de armas, intervención temprana en contextos de riesgo, el sistema seguirá actuando cuando el daño ya ocurrió.

Desde la lógica del Teorema de la Omisión Preventiva, cuando el riesgo es identificable y existen herramientas para intervenir, la inacción también produce consecuencias. La sanción posterior no corrige la omisión anterior.

Segunda pregunta: ¿hay presupuesto para hacerlo bien?

Una reforma de este tipo no es solo un cambio legal. Es una decisión estructural.

Implica más fiscales especializados, defensores, equipos técnicos interdisciplinarios, centros socioeducativos adecuados y seguimiento posterior. Implica formación específica y control.

En paralelo, varias policías provinciales atraviesan tensiones salariales profundas. En algunos distritos, los sueldos rozan la línea de pobreza y la capacidad operativa está exigida al límite.

Si el sistema preventivo ya funciona con recursos ajustados, ampliar el sistema penal juvenil sin inversión concreta puede dejar la reforma en el plano simbólico. Sin presupuesto real, la norma puede existir en el papel pero no en la práctica.

La pregunta entonces es simple: ¿están previstos los recursos para sostener este cambio de manera seria y sostenida?

Tercera pregunta: ¿la amenaza de pena disuade?

Otro punto poco discutido es el efecto disuasivo.

¿Un adolescente de 14 o 15 años que ya está inserto en una red delictiva, que porta un arma y que muchas veces opera bajo presión o consumo, evalúa racionalmente la escala penal antes de actuar?

La teoría penal clásica supone que la amenaza de castigo desalienta la conducta. Pero en contextos de exclusión, violencia estructural y economías ilegales organizadas, esa lógica no siempre funciona de manera lineal.

Además, en muchos mercados delictivos el menor es el eslabón más reemplazable. Si uno cae, otro ocupa su lugar. La estructura no desaparece. Solo rota.

Si no se desarticulan las redes que reclutan adolescentes, la reforma puede aumentar la cantidad de menores dentro del sistema penal sin alterar la dinámica criminal que los capta.

¿Reforma necesaria o debate incompleto?

El régimen vigente tiene más de cuatro décadas y necesita actualización. Eso no está en discusión. La pregunta es si el cambio que se propone alcanza para producir el efecto que promete.

Si la baja de la edad no viene acompañada por prevención concreta, inversión sostenida y un plan integral que ataque las causas, puede transformarse en una respuesta parcial frente a un problema estructural.

La sociedad necesita menos delito. Las víctimas necesitan respuestas. Pero una política pública no se mide por la firmeza del discurso sino por su impacto real.

La discusión de fondo no es solo a qué edad se imputa.

La discusión es si el Estado va a intervenir antes, con recursos y estrategia, o si seguirá actuando cuando el daño ya está hecho.

Porque si la prevención no cambia, la edad puede modificarse.

El resultado, probablemente, no.