Caputo cede, ajusta y achica el impacto fiscal de la reforma laboral

El proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado terminó con un costo fiscal sensiblemente menor al previsto en su versión inicial. Si el texto original implicaba un impacto equivalente al 0,89% del PBI, las modificaciones introducidas por el ministro de Economía, Luis Caputo lograron reducir esa carga a 0,47% del producto en el escenario de mayor costo, lo que representa una baja del 48% en el efecto presupuestario directo anual estimado.

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el peso final del proyecto se distribuiría en 0,41 puntos porcentuales del PBI para el Gobierno nacional y 0,06 puntos para las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El informe también detalla que, tras los cambios, el esfuerzo fiscal de la Nación se redujo un 42%, mientras que el de las jurisdicciones subnacionales cayó un 69%.

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La discusión no es menor en un contexto en el que la administración de Javier Milei necesita consolidar el superávit. Para 2026, el Ministerio de Economía se fijó la meta de alcanzar un resultado positivo de 1,5% del PBI, levemente superior al 1,4% estimado para 2025. Sin embargo, enero dejó una señal de alerta con una contracción real en la recaudación tributaria.

Ese escenario ya se tradujo en un nuevo ajuste del gasto. Según la consultora Analytica, el gasto primario real devengado mostró en enero una caída interanual del 4,2%, ubicándose en un nivel históricamente bajo. Entre las partidas que registraron los mayores recortes frente a igual mes de 2025 se destacaron la obra pública (-97,1%), la construcción (-95,8%), las transferencias de capital, los envíos a provincias (-64,5%) y los programas sociales (-35,7%).

Desde la consultora LCG advirtieron a mediados de enero que, ante la decisión oficial de no incrementar impuestos y con una economía que todavía no logra despegar con fuerza, la combinación de menores ingresos y mayores compromisos de gasto podría exigir nuevos ajustes en 2026. En la misma línea, Invecq señaló que el objetivo de superávit deja escaso margen para avanzar con reducciones tributarias de magnitud.

En el diseño original de la Ley de Modernización Laboral, el costo fiscal total -que incluía cambios en el impuesto a las Ganancias, en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la eliminación de impuestos internos- ascendía a 0,89% del PBI, distribuido en 0,71% para la Nación y 0,19% para provincias y CABA.

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Uno de los puntos centrales era la rebaja de alícuotas en el impuesto a las Ganancias para sociedades, prevista en el artículo 190. El esquema contemplaba reducir la tasa del tramo medio del 30% al 27% y la del tramo superior del 35% al 31,5%, con un costo estimado por el IARAF de 0,22 puntos porcentuales del PBI. Finalmente, ese beneficio fue eliminado en el texto aprobado por el Senado, en sintonía con el planteo de los gobernadores, que buscaban preservar los recursos coparticipables.

Otro eje de la discusión fue el Fondo de Asistencia Laboral, mecanismo que redefine el sistema de indemnizaciones del sector privado y reduce las contribuciones patronales destinadas a la ANSES. La propuesta inicial implicaba una merma de ingresos equivalente al 0,57% del PBI, ya que establecía una reducción general de la carga patronal del 3%.

La versión que avanzó en la Cámara Alta moderó ese esquema: la rebaja quedó fijada en 1% para grandes empresas y en 2,5% para pymes. Además, se habilitó al Ministerio de Economía a incrementar esas contribuciones hasta en 0,5 puntos porcentuales si fuera necesario para sostener el equilibrio fiscal. Con estos cambios, el costo fiscal asociado al FAL se ubicó en 0,37% del PBI en el escenario base y podría escalar hasta 0,47% si el Ejecutivo decide no hacer uso de la facultad de ajuste.

La iniciativa mantuvo, sin embargo, la eliminación de una serie de impuestos internos coparticipables que gravan seguros, servicios de telefonía celular y satelital, bienes suntuarios y determinados vehículos automotores y motores, embarcaciones deportivas y aeronaves. Según el IARAF, la supresión de estos tributos implica un costo directo anual estimado de 0,1% del PBI, con una pérdida de 0,04 puntos para la Nación y de 0,06 para provincias y CABA.

Desde el instituto que dirige Nadin Argañaraz señalaron que un eventual aumento del consumo podría compensar parcialmente la merma inicial a través de una mayor recaudación de otros impuestos nacionales y provinciales, aunque esos efectos serían indirectos.

En términos nominales, la Comisión Federal de Impuestos calculó que el impacto total para 2026 rondaría los $ 379.396 millones. De ese monto, las provincias y la Ciudad resignarían cerca de $ 219.140 millones, aproximadamente el 60% del total. La Nación, por su parte, dejaría de percibir $ 149.768 millones, alrededor del 40%, mientras que el remanente se repartiría entre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Más allá del debate fiscal inmediato, el proyecto también contempla una reducción estructural del sistema tributario. A partir de 2028, el número de impuestos nacionales pasaría de 45 a 37, ya que en esa fecha comenzará a regir la derogación de los gravámenes aplicados a entradas de espectáculos cinematográficos y a servicios de comunicación audiovisual. Con esos cambios, el total de tributos vigentes entre Nación, provincias y municipios se ubicará en 147.

Con información de El Cronista