Diputados revisa una ley que regula el uso de armas y reincorpora policías retirados

La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Legislatura mendocina emitió despacho favorable a un proyecto de ley que establece un protocolo para el uso de armas de fuego por parte de la Policía provincial y modifica distintos aspectos de la Ley 6722 de Seguridad Pública.

La iniciativa fue impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas y ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. Luego de su tratamiento en el Senado, donde se incorporaron cambios, el expediente regresó a la Cámara Baja para su revisión y eventual aprobación definitiva.

El proyecto busca precisar las funciones del personal policial e incorporar nuevas disposiciones relacionadas con la protección de personas y bienes ante situaciones de riesgo. Entre otros puntos, incluye tareas vinculadas con la observación, la vigilancia y la prevención de conflictos en espacios públicos.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la regulación del uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad en contextos de peligro inminente. El texto establece criterios para determinar cuándo puede aplicarse este recurso, contemplando situaciones de legítima defensa, protección de terceros o escenarios en los que exista una amenaza grave para la vida o la integridad física.

La iniciativa también fija pautas sobre la obligación de identificación del agente y la advertencia previa antes de utilizar un arma, salvo en circunstancias excepcionales en las que ese procedimiento pueda agravar el riesgo.

Durante el debate en comisión, el diputado Gustavo Cairo explicó que el objetivo del protocolo es establecer lineamientos claros sobre el uso de armas y definir en qué situaciones se configura un peligro inminente. Además, destacó que el proyecto introduce un marco normativo para convocar nuevamente a policías retirados.

Según señaló, la medida permitirá reincorporar a efectivos con experiencia, respetando el grado que tenían al momento de su retiro y adecuando su remuneración a esa jerarquía.

La propuesta incorpora para ello el artículo 322 bis, que habilita la convocatoria de personal retirado altamente calificado para cumplir tareas específicas dentro de la fuerza. En casos en los que se les asignen funciones directivas, conducción de personal o disponibilidad permanente, podrán percibir hasta el 100% de la asignación correspondiente al grado que tenían cuando se retiraron.

El texto también prevé la posibilidad de convocar a retirados para otras tareas vinculadas con funciones policiales, con una remuneración de hasta el 80% del sueldo equivalente a su antiguo rango.

Durante el tratamiento del proyecto, el diputado Edgardo Civit expresó su apoyo a la iniciativa y consideró que la participación de policías retirados puede ser útil para fortalecer el funcionamiento de la fuerza. Según indicó, muchos de ellos están en condiciones de desempeñar tareas administrativas, lo que permitiría liberar a efectivos más jóvenes para tareas operativas en la calle.

En tanto, la legisladora Gabriela Lizana optó por abstenerse en la votación.

Con el despacho favorable de la comisión, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado nuevamente en el recinto de la Cámara de Diputados para definir su aprobación final.