El Gobierno suspende el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada

En un contexto de creciente confrontación con los medios de comunicación, el gobierno de Javier Milei resolvió impedir desde este jueves el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, en una medida de alcance general y con escasos antecedentes en la vida democrática reciente.

Según fuentes oficiales, la restricción alcanza a todos los trabajadores de prensa que habitualmente desarrollan sus tareas en Balcarce 50. La decisión fue justificada en dos ejes: por un lado, la continuidad de una investigación sobre una supuesta infiltración extranjera en medios locales, que ya había derivado en limitaciones parciales de acceso en las últimas semanas; y por otro, la denuncia penal presentada contra dos periodistas del canal Todo Noticias (TN), a raíz de la difusión de imágenes grabadas dentro de la sede gubernamental.

Desde el Ejecutivo señalaron que, de manera preventiva, se procedió a retirar el registro biométrico -la huella digital- a los cronistas acreditados, y se dejó sin efecto la prórroga de las credenciales correspondientes a 2025. La continuidad de las acreditaciones, indicaron, quedará sujeta al avance de la causa judicial vinculada al caso.

Hasta el momento, la medida no fue formalizada mediante un comunicado oficial, aunque fue confirmada por voceros gubernamentales. La sala de prensa de la Casa Rosada, históricamente habilitada incluso durante períodos de interrupción institucional, permanece cerrada en este escenario.

El conflicto se profundizó tras la presentación judicial impulsada por la Casa Militar -organismo encargado de la seguridad del edificio y la residencia presidencial- contra dos periodistas de TN. La denuncia se originó luego de la emisión de un programa televisivo en el que se exhibieron distintos sectores internos del palacio de gobierno.

De acuerdo con la presentación, el material difundido podría implicar la comisión de delitos vinculados a la divulgación de información sensible y a posibles riesgos para la seguridad institucional. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo.

La acusación alcanza a la conductora del programa, Luciana Geuna, y al periodista acreditado Ignacio Salerno, a quien se le suspendió la credencial. En el escrito judicial se sostiene que la obtención y difusión de las imágenes habría implicado una vulneración de los protocolos de seguridad y una exposición indebida de áreas estratégicas del Poder Ejecutivo.

En paralelo, el presidente Javier Milei, quien se encontraba de viaje en Israel al momento de conocerse el episodio, reaccionó públicamente en redes sociales con fuertes críticas hacia el periodismo, en línea con una serie de cuestionamientos que viene expresando en las últimas semanas.

La decisión oficial de restringir el acceso a la prensa en la Casa Rosada abre un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno y los medios, con impacto directo en la cobertura cotidiana de la actividad presidencial.

Con información de LN