El Gobierno activa el plan para blanquear empleo con rebaja de aportes por cuatro años
A través del Decreto 315/2026, se establecieron las condiciones para aplicar el incentivo a la formalización laboral. Apunta a incorporar trabajadores no registrados con fuertes rebajas en aportes y un esquema acotado en el tiempo.
El Gobierno nacional avanzó en la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una herramienta incluida en la Ley de Modernización Laboral que busca promover la registración de trabajadores en el sector privado mediante beneficios fiscales para los empleadores.
El Decreto 315/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, fija las condiciones operativas del esquema, que contempla una reducción de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses desde la incorporación de un trabajador. La medida está dirigida a personas que no tenían empleo formal al 10 de diciembre de 2025, que hayan estado desocupadas en los seis meses previos, monotributistas o quienes provengan del sector público.
Según la reglamentación, el beneficio alcanzará a las relaciones laborales que se inicien entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. Para esos casos, los empleadores abonarán alícuotas reducidas -del 2% y 3% según el destino- en lugar de las cargas habituales, lo que implica una baja significativa del costo laboral.
El decreto también precisa que podrán acceder al régimen incluso los nuevos empleadores inscriptos desde diciembre de 2025, aunque con un límite: podrán incluir hasta el 80% de su plantilla bajo este esquema. Además, se aclara que, si el trabajador obtiene ingresos adicionales por otras actividades, el empleador no perderá el beneficio.
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En cuanto al alcance, la norma establece cómo se distribuirán las contribuciones reducidas entre los distintos subsistemas de la seguridad social, como el sistema previsional, el Fondo Nacional de Empleo y el PAMI.
Por otro lado, se fija que el incumplimiento de las condiciones o la verificación de irregularidades implicará la pérdida automática de los beneficios, con la obligación de recomponer las contribuciones no abonadas, más intereses y sanciones.
La implementación quedará en manos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que definirá los mecanismos para que los empleadores adhieran al régimen. La falta de inscripción impedirá aplicar el beneficio de manera retroactiva.
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Finalmente, el decreto establece la coordinación con el Ministerio de Capital Humano para compatibilizar el régimen con programas sociales y habilita a las autoridades laborales a dictar normas complementarias para su aplicación.
Con esta reglamentación, el Ejecutivo busca acelerar la formalización del empleo y reducir la informalidad, uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral argentino.