El fin del PEVI: ¿libertad para crecer o desorden estratégico?
El gobierno nacional dispuso el fin del PEVI y de las contribuciones obligatorias de productores y bodegueros. Los escenarios que se abren a partir de esta decisión.
La decisión del Gobierno nacional de dar por terminado el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) no es un simple acto administrativo. Es, en los hechos, el cierre de una etapa de más de dos décadas en las que la vitivinicultura argentina intentó pensarse a sí misma como una política de Estado, con objetivos compartidos, financiamiento colectivo y una hoja de ruta común.
El argumento oficial es conocido: el plan tenía fecha de vencimiento en 2020 y su continuidad nunca fue formalmente validada. Desde esa lógica, la eliminación de los aportes obligatorios aparece como una consecuencia natural. "Se termina un esquema sin sustento legal ni resultados claros", sintetizan desde el Gobierno, en línea con una visión más amplia de desregulación económica.
Sin embargo, reducir la discusión a una cuestión de plazos administrativos implica ignorar el fondo del asunto: qué modelo de desarrollo quiere la Argentina para una de sus economías regionales más emblemáticas.
Durante años, el PEVI funcionó -con aciertos y limitaciones- como un espacio de articulación entre actores diversos: grandes bodegas, pequeños productores, exportadores, gobiernos provinciales y organismos técnicos. Fue, en esencia, un intento de coordinar intereses en una cadena estructuralmente fragmentada.
Para una parte importante del empresariado vitivinícola, especialmente entre bodegas medianas y grandes, la decisión es bienvenida. "Era una carga que ya no tenía justificación. Ahora cada empresa podrá decidir si aportar o no, según el valor que reciba", señalan desde el sector.
La expectativa es que la eliminación del aporte obligatorio libere recursos y mejore la competitividad en un contexto ya complejo.
Sin embargo, esa mirada convive con otra muy distinta. Entre pequeños productores y viñateros, la preocupación es palpable. "El PEVI era uno de los pocos espacios donde todos estábamos representados. Sin eso, quedamos mucho más solos", advierten. El temor no es abstracto: apunta a la posible desaparición de programas de apoyo, asistencia técnica y mecanismos de integración que, con limitaciones, ayudaban a equilibrar la cadena.
Desde el plano técnico e institucional, las críticas también son claras. Referentes vinculados a la planificación sectorial sostienen que el problema no es el fin de un plan en sí, sino la falta de una alternativa. "Eliminar el instrumento sin proponer otro debilita la capacidad de pensar el largo plazo", señalan. En un mercado global cada vez más competitivo, la ausencia de una estrategia común puede traducirse en pérdida de posicionamiento.
Incluso entre los actores más orientados a la exportación aparecen matices. Algunos valoran la mayor flexibilidad, pero otros advierten sobre un riesgo menos visible: "Sin coordinación, la marca país se resiente. Cada uno puede hacer su esfuerzo, pero no es lo mismo que una estrategia conjunta".
En las provincias vitivinícolas, donde la actividad tiene un peso económico y social determinante, predomina la cautela. "Hay que ver cómo se reordena el esquema, pero sería un error perder una política estratégica para la economía regional", reconocen por lo bajo fuentes vinculadas a la gestión.
La discusión, en definitiva, excede largamente la vigencia formal de un plan. Lo que está en juego es el modelo de organización del sector: uno basado en la coordinación y la planificación colectiva, o uno apoyado en la lógica de mercado y las decisiones individuales.
El desafío hacia adelante será evitar que la desregulación derive en desarticulación. Porque si bien es cierto que los esquemas obligatorios pueden volverse ineficientes o burocráticos, también lo es que las cadenas complejas -como la vitivinícola- difícilmente funcionen sin algún grado de articulación.
La vitivinicultura argentina compite en mercados globales, donde la escala, la marca país y la coordinación público-privada siguen siendo claves. Ningún país relevante del "nuevo mundo del vino" ha prescindido completamente de algún tipo de estrategia sectorial.
La pregunta que queda flotando es incómoda pero necesaria: ¿puede una industria compleja, territorialmente extendida y con fuerte peso exportador desarrollarse sin un marco común de planificación? El fin del PEVI no cierra una etapa: abre un interrogante. Y la respuesta no dependerá solo de lo que se eliminó, sino de lo que -a partir de ahora- se construya en su lugar.