La Corte quedó a un paso de definir la pulseada entre el Gobierno y las universidades por el financiamiento
El máximo tribunal ya puede resolver el recurso presentado por la Casa Rosada contra la ley que garantiza fondos para las universidades públicas. La decisión podría conocerse en las próximas horas y definir si el Ejecutivo debe liberar partidas millonarias.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación avanzó este martes en la causa que enfrenta al Gobierno nacional con las universidades públicas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y quedó en condiciones de dictar sentencia.
El expediente ingresó en una etapa decisiva luego de completarse los pasos procesales necesarios para que el máximo tribunal analice el recurso extraordinario presentado por la administración de Javier Milei. Ahora, la expectativa está puesta en la próxima reunión de acuerdos de los jueces supremos, prevista para este jueves.
La disputa judicial se originó a partir de la ley aprobada por el Congreso, que establece una actualización automática de las partidas universitarias de acuerdo con la inflación, además de mecanismos para recomponer salarios docentes y no docentes y ampliar recursos destinados a becas, hospitales universitarios e infraestructura.
Desde la Casa Rosada cuestionan la norma porque, según sostienen, no especifica con claridad cuáles serían las fuentes de financiamiento ni de qué partidas deberían salir los fondos necesarios para cumplirla. El Ejecutivo ya había vetado parcialmente la iniciativa en 2025 y volvió a rechazarla cuando el Congreso insistió con su aprobación.
La implementación de la ley quedó restringida en el Presupuesto 2026 y también mediante la Decisión Administrativa 20/2026. Frente a ese escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional presentó una medida cautelar para exigir el cumplimiento de la norma, con fallos favorables tanto en primera como en segunda instancia.
Ante esas resoluciones, el Gobierno acudió a la Corte Suprema y advirtió que la aplicación de los artículos centrales de la ley podría ocasionar un "grave e irreparable perjuicio al Estado".
Mientras tanto, las universidades avanzan en paralelo con un pedido de ejecución de sentencia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para que se habiliten las transferencias pendientes. Sin embargo, hasta que la Corte no resuelva el recurso extraordinario, la aplicación efectiva de la ley continúa suspendida y el Ejecutivo no está obligado a desembolsar los fondos reclamados.
En tribunales no descartan que la Corte opte por rechazar el planteo oficial utilizando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, una herramienta que le permite desestimar recursos sin ingresar al análisis de fondo. Si eso ocurre, quedará firme la sentencia de Cámara que obliga al Estado nacional a transferir los recursos previstos para las universidades.
La definición judicial llega apenas horas después de una nueva movilización universitaria realizada en Plaza de Mayo y distintos puntos del país, donde miles de personas reclamaron por el financiamiento del sistema público de educación superior.
Pese a la convocatoria, el Gobierno relativizó el impacto político de la protesta y aseguró que se trató de una manifestación impulsada por sectores opositores. Desde la Quinta de Olivos, Milei siguió la jornada y replicó mensajes críticos hacia la movilización en redes sociales, aunque evitó hacer declaraciones públicas.
Quien sí habló fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, que acusó a dirigentes políticos y sindicales de intentar "instrumentar" el reclamo universitario con fines partidarios.
"Los vimos rondando ahí en la plaza: dirigentes políticos, candidatos a presidente, intendentes y dirigentes sindicales. Cada uno va a ver qué puede sacar de una causa noble", sostuvo el funcionario en declaraciones radiales.