Escándalo por combustibles adulterados agrava la crisis política y social en Bolivia
El gobierno de Rodrigo Paz cambió autoridades, reformó los controles energéticos y denunció una red que operaba entre Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay.
La crisis política y social que atraviesa Bolivia sumó un nuevo foco de conflicto: una investigación por la importación y comercialización de combustibles adulterados que ya provocó cambios en el gabinete, denuncias penales y una reforma completa del sistema de control estatal sobre naftas y gasoil.
El escándalo estalló en medio de las protestas de transportistas y camioneros por el desabastecimiento de combustible, una situación que derivó en bloqueos y problemas de abastecimiento en distintas regiones del país. La presión sobre el gobierno de Rodrigo Paz obligó además a desplazar autoridades del área energética y modificar las normas de fiscalización.
Según explicó el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, entre octubre de 2025 y marzo de este año ingresaron al país unos 150 millones de litros de combustible "adulterado con agua sucia y aceite usado". La investigación apunta a una organización dedicada al sabotaje y robo de combustibles que operaría entre Bolivia y Chile y tendría conexiones también en Argentina y Paraguay.
La causa involucra a exfuncionarios de YPFB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), además de otras áreas vinculadas al control energético. Parte de las sospechas se concentra sobre operaciones realizadas desde la terminal de combustibles que YPFB posee en Arica, Chile, punto clave para el ingreso de hidrocarburos hacia territorio boliviano.
En ese esquema aparece mencionada la firma Botrading S.A., una comercializadora creada por YPFB en Paraguay y actualmente bajo investigación judicial por supuestas irregularidades en importaciones de combustible. El ex-titular de la petrolera estatal, Armin Dorgathen, es uno de los apuntados en la causa y permanece prófugo en Brasil.
Frente al creciente malestar social, el gobierno boliviano lanzó un esquema de compensaciones económicas para conductores y transportistas afectados por fallas mecánicas derivadas del uso de combustibles contaminados. Según cifras oficiales, más de 19.500 vehículos recibieron resarcimientos financiados por YPFB.
La crisis también aceleró cambios políticos dentro del gabinete. A fines de abril, Rodrigo Paz removió al entonces ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli Monroy, y designó en su lugar a Marcelo Blanco, quien quedó a cargo de aplicar una nueva estrategia de control y fiscalización del sector.
El nuevo decreto firmado por el Ejecutivo establece mayores exigencias técnicas para la importación y comercialización de combustibles. La normativa incorpora controles de calidad más estrictos, análisis obligatorios en laboratorios, sistemas de filtrado en estaciones de servicio y nuevas sanciones económicas.
Además, fija parámetros mínimos para naftas y diésel con el objetivo de evitar nuevas adulteraciones. El Gobierno busca así recuperar credibilidad en un contexto marcado por la escasez de combustible y el fuerte impacto económico que provocó el fin de los subsidios energéticos.
El ex ministro Medinaceli había sido una de las caras visibles del ajuste aplicado por la administración de Paz, que en diciembre liberó parcialmente los precios de combustibles después de más de veinte años de congelamiento. La medida derivó en fuertes aumentos: la nafta casi duplicó su valor y el gasoil llegó a triplicarse.
Sin embargo, la suba internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente terminó agravando el problema y dificultó la normalización del abastecimiento interno.
En medio de la crisis, el gobierno de Javier Milei envió ayuda humanitaria a Bolivia mediante dos aviones Hércules. "Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas", expresó el mandatario argentino.