Aysam irá a la Justicia para intentar frenar la multa por la contaminación en Los Corralitos

La empresa estatal Aysam decidió avanzar por la vía judicial para intentar revertir la multa de $120 millones que le impuso el Departamento General de Irrigación por la contaminación registrada en Los Corralitos, en Guaymallén.

La sanción fue aplicada luego de que el organismo considerara de "gravedad excepcional" el vuelco clandestino de líquidos cloacales sin tratar en canales de riego, tras el colapso de la Colectora Máxima Noreste, infraestructura que transporta los efluentes de gran parte del Gran Mendoza.

Desde la empresa conducida por Humberto Mingorance confirmaron que no aceptarán la resolución y que agotarán todas las instancias legales disponibles para impugnar la penalidad económica.

El conflicto institucional suma así un nuevo capítulo en medio de una fuerte tensión política y judicial derivada del desastre ambiental ocurrido en Guaymallén.

Mientras se desarrolla la disputa administrativa con Irrigación, también avanza una investigación penal en el Ministerio Público Fiscal que podría impactar directamente sobre las autoridades de la empresa estatal.

En ese expediente, el fiscal Gabriel Blanco solicitó formalmente la imputación de Mingorance por presuntos delitos ambientales vinculados al caso. El pedido cuenta además con el respaldo del fiscal en jefe Sebastián Capizzi.

Ahora, la definición quedó en manos del fiscal adjunto penal de la Procuración General, Gustavo Pirrello, quien deberá resolver si habilita o no el avance de la imputación contra el titular de Aysam.

Según argumentó Irrigación en la resolución sancionatoria, las inspecciones detectaron la rotura intencional de un canal impermeabilizado para derivar líquidos cloacales crudos hacia cauces de riego. El organismo calificó la maniobra como una conducta "dolosa, reiterada y agravada".

La decisión de judicializar la multa también complica los intentos del Gobierno provincial de descomprimir el conflicto y evitar que el caso continúe escalando tanto en el plano político como judicial.

Irrigación calificó de "extrema gravedad" el vuelco cloacal 

El Departamento General de Irrigación formalizó la aplicación de una multa récord contra Aysam por el vuelco de efluentes cloacales sin tratamiento en canales de riego de Los Corralitos, en Guaymallén.

La sanción quedó establecida en la Resolución 481/2026, firmada el 11 de mayo por el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli.

El documento detalla que las inspecciones realizadas entre marzo y mayo detectaron que personal vinculado a Aysam rompió parte de la estructura del canal Ramo 12, perteneciente al sistema Vertientes Corralitos, para desviar líquidos cloacales crudos directamente hacia un cauce de riego.

Según la resolución, el procedimiento se realizó sin autorización del organismo y en violación de las normas provinciales que regulan el vuelco de efluentes.

Los inspectores constataron además que el derrame continuaba días después de la primera inspección y que los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de contaminación cloacal sin tratamiento.

Uno de los puntos más duros del documento es la calificación de la conducta atribuida a la empresa estatal. Irrigación consideró que existió una acción "reiterada, dolosa y agravada", además de un "vertido clandestino de extrema gravedad" con impacto directo sobre el recurso hídrico público.

El organismo también sostuvo que hubo una "intervención ilícita" sobre infraestructura hidráulica pública debido a la rotura deliberada del canal impermeabilizado.

En paralelo, la resolución señala que las medidas de mitigación implementadas por la empresa fueron insuficientes. Aunque se observó un sistema de cloración, los análisis indicaron ausencia de cloro residual, lo que evidenciaría que el tratamiento no funcionó correctamente.

Otro aspecto que remarcó Irrigación fue que la falta de aviso previo impidió activar medidas preventivas, alertar a usuarios aguas abajo y proteger zonas agrícolas potencialmente afectadas.

Frente a ese escenario, el organismo resolvió aplicar la máxima sanción económica prevista en la normativa vigente: 100.000 Unidades Fiscales del Agua, equivalentes a unos $120 millones.

Además de la multa, la resolución obliga a Aysam a reparar la infraestructura dañada en un plazo de diez días y establece que la empresa deberá informar cualquier contingencia ambiental dentro de las 12 horas de producida.

El expediente también deja constancia de que la situación derivó en una denuncia penal presentada ante la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente.

La resolución puede ser apelada ante el Honorable Consejo de Apelaciones de Irrigación dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación oficial.