Súper RIGI vs RIGI: las claves del nuevo régimen que impulsa Milei para atraer megainversiones

El Gobierno nacional presentó en el Congreso el denominado Súper RIGI, un nuevo régimen de promoción para grandes inversiones que busca captar proyectos vinculados a industrias tecnológicas y actividades consideradas estratégicas para la próxima etapa económica global.

La iniciativa no elimina el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado junto con la Ley Bases, sino que crea una versión ampliada y más agresiva en materia de beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios. El foco ahora estará puesto en sectores que el oficialismo considera prácticamente inexistentes o poco desarrollados en Argentina.

Entre las actividades alcanzadas aparecen inteligencia artificial, semiconductores, data centers, industrialización de baterías de litio, biotecnología avanzada, energías renovables y refinación de minerales estratégicos como el cobre.

El objetivo oficial es avanzar hacia una economía con mayor valor agregado y dejar atrás un modelo centrado únicamente en la exportación de materias primas.

El RIGI original había sido diseñado para atraer inversiones en sectores tradicionales como minería, petróleo, gas, energía e infraestructura. Entró en vigencia en agosto de 2024 y, según datos oficiales, ya recibió 38 proyectos, de los cuales 14 fueron aprobados y 23 continúan bajo análisis.

La inversión comprometida supera los US$107.000 millones, con fuerte concentración en energía y minería. Neuquén y San Juan aparecen como las provincias con mayor volumen de proyectos.

El Súper RIGI introduce diferencias importantes respecto del esquema vigente. Una de las principales tiene que ver con el tipo de actividades incluidas: el nuevo régimen estará reservado exclusivamente para industrias nuevas o en etapa experimental y no permitirá ampliaciones de proyectos ya existentes.

También cambia el tamaño mínimo de inversión requerido. Mientras el RIGI tradicional establecía pisos que iban de US$200 millones a US$600 millones según el sector, el nuevo esquema fija un único umbral de US$1000 millones por proyecto.

La intención oficial es que los beneficios queden limitados a inversiones de gran escala y con impacto estructural sobre la economía.

Además, las empresas deberán ejecutar al menos el 20% del monto comprometido durante los primeros dos años para conservar el acceso a los incentivos.

En materia impositiva, el Súper RIGI amplía considerablemente los beneficios. La alícuota del Impuesto a las Ganancias baja del 25% previsto en el RIGI original al 15%, mientras que se incorpora un sistema de amortización acelerada para recuperar más rápido las inversiones realizadas.

El esquema también habilita la deducción de quebrantos sin límite temporal y permite transferir esos créditos fiscales a terceros después de cinco años, lo que podría generar un mercado secundario de beneficios impositivos.

Otro punto central es el tratamiento aduanero. El proyecto establece arancel cero para todas las importaciones vinculadas a la producción y elimina las retenciones para las exportaciones de los proyectos adheridos.

A esto se suma una flexibilización en el recupero del IVA: si la devolución de créditos fiscales demora más de tres meses, las empresas podrán transferir esos saldos a terceros.

El nuevo régimen también busca limitar la presión tributaria provincial y municipal. El texto fija un tope de 0,5% para Ingresos Brutos en provincias adheridas y prohíbe que los municipios cobren tasas calculadas sobre ventas.

Sin embargo, uno de los aspectos que más debate genera es la eliminación de la obligación de contratar proveedores locales. El RIGI original exigía destinar al menos el 20% de las compras a empresas argentinas cuando existiera oferta competitiva. El Súper RIGI elimina esa condición y habilita a las compañías a abastecerse completamente en el exterior.

Desde el Gobierno sostienen que muchas de las industrias apuntadas todavía no tienen cadenas de proveedores desarrolladas en el país y que imponer contenido local podría desalentar inversiones.

En cambio, cámaras empresariales y sectores industriales advierten que la medida puede debilitar la participación de empresas argentinas en futuros proyectos estratégicos.

En el plano cambiario, el nuevo esquema mantiene las mismas reglas del RIGI original. Las empresas podrán acceder progresivamente a la libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero.

Tampoco se modifican las garantías de estabilidad regulatoria por 30 años ni la posibilidad de recurrir a tribunales arbitrales internacionales en caso de conflictos con el Estado argentino.

Para la Casa Rosada, esos dos elementos siguen siendo centrales para convencer a grandes compañías globales de desembarcar en Argentina en un contexto de fuerte competencia regional por inversiones tecnológicas.