Tras la crisis cloacal, el Gobierno va por 21 terrenos en Corralitos
La Provincia declaró de utilidad pública parcelas afectadas por la traza de una obra de Aysam destinada a reforzar el sistema de saneamiento en Guaymallén.
El Departamento General de Irrigación (DGI) autorizó a Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) a iniciar los procedimientos necesarios para la adquisición, servidumbre o eventual expropiación de 21 parcelas ubicadas en el distrito de Los Corralitos, en Guaymallén, con el objetivo de ejecutar una obra de infraestructura sanitaria considerada estratégica para el sistema cloacal del Gran Mendoza.
La decisión quedó plasmada en la Resolución Nº 622, publicada en el Boletín Oficial en marco del proyecto denominado "Aliviador Colectora Máxima Noreste", una intervención que contempla la construcción de un nuevo colector cloacal de gran diámetro para reforzar la capacidad de transporte de efluentes en la zona.
Según consta en la resolución, Aysam solicitó la declaración de utilidad pública de los terrenos afectados por la traza de la obra, a fin de constituir servidumbres de paso y acueducto a favor de la Provincia de Mendoza. La iniciativa fue avalada por informes técnicos y legales elaborados por distintas áreas del organismo regulador.
La norma declara de utilidad pública y sujetos a ocupación temporaria los inmuebles necesarios para la ejecución del proyecto, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Provincial Nº 9.589, que regula los servicios de agua potable y saneamiento. La legislación faculta al ente regulador a identificar los bienes requeridos para obras vinculadas a la prestación de estos servicios y habilita al operador a actuar como sujeto expropiante cuando resulte necesario.
Las parcelas involucradas pertenecen a propietarios particulares y empresas radicadas en la zona rural de Corralitos. Las superficies afectadas varían entre poco más de 360 metros cuadrados y más de 11.000 metros cuadrados, mientras que en la mayoría de los casos las áreas expropiadas representan solo una franja de los terrenos originales, destinada al paso de la infraestructura sanitaria.
La resolución también establece que la servidumbre tendrá inicialmente carácter preventivo hasta la concreción de las obras. Una vez finalizados los trabajos, deberá realizarse la demarcación definitiva de las áreas afectadas y su correspondiente inscripción en los registros públicos provinciales.
Además, los propietarios alcanzados por la medida podrán presentar recursos de apelación ante el Consejo de Apelaciones de Irrigación dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación oficial.