¿Puede el Gobierno nacional eliminar controles regionales para el agro?
Una resolución de Senasa busca reducir costos y burocracia al eximir habilitaciones municipales, aunque surgen interrogantes sobre el rol de las provincias y municipios en la fiscalización.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva desregulación para el sector agropecuario al eliminar la exigencia de habilitaciones municipales y provinciales en diversos trámites ante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La medida apunta a simplificar procesos y reducir costos para los productores, pero también genera cuestionamientos sobre el alcance del control estatal a nivel local.
La resolución, firmada por la titular del organismo, María Beatriz Giraudo, establece que los productores inscriptos en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) ya no deberán presentar habilitaciones locales para realizar distintos trámites. Desde el Ejecutivo sostienen que se trata de eliminar "duplicidades" y trabas burocráticas que encarecen la actividad, en línea con la política de desregulación impulsada por el presidente Javier Milei.
La decisión se apoya en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y en el Decreto 90/2025, que promueven una revisión normativa para reducir regulaciones consideradas innecesarias. En ese marco, el ministro Federico Sturzenegger celebró la medida y la calificó como "un granito de arena para contener la voracidad municipal", al argumentar que evita duplicaciones e incluso posibles abusos en los controles.
Si bien Senasa aclaró que la medida no modifica las normas sanitarias ni exime del cumplimiento de regulaciones vigentes, lo cierto es que desliga al organismo nacional de verificar condiciones que históricamente estaban bajo la órbita de municipios y provincias, lo que podría generar vacíos en la articulación de controles.
La resolución apunta, además, a unificar criterios frente a la "heterogeneidad" de normativas locales, eliminando la obligatoriedad de presentar habilitaciones en distintos eslabones de la cadena agropecuaria, como predios productivos, laboratorios o proveedores veterinarios. Esa simplificación también reduce la injerencia de los gobiernos locales en actividades que impactan directamente en sus territorios.
