El gasto público marcó un pico en 10 años y sube la tensión fiscal para lo que resta del año
Con una ejecución presupuestaria que ya supera el promedio histórico, el oficialismo podría verse obligado a recortar partidas o ampliar créditos para sostener la meta de superávit y cubrir el impacto de las leyes aprobadas en el Congreso.
El Gobierno nacional cerró la primera mitad de 2025 con el mayor nivel de ejecución del gasto público en los últimos diez años, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). A junio, el gasto devengado alcanzó el 45% del total previsto para el año, superando en cinco puntos el promedio registrado para el mismo período desde 2015.
Aunque la administración libertaria mantiene por ahora el presupuesto dentro de los márgenes esperados, la proyección para la segunda mitad del año plantea un escenario de tensión fiscal. El ritmo de ejecución más alto se explica en parte por la fórmula de actualización previsional y por partidas sociales que, si bien se ajustaron respecto de años anteriores, siguen absorbiendo buena parte de los recursos.
A esto se suma el reciente avance del paquete fiscal aprobado por el Senado, que podría obligar a redefinir cuentas. De sostenerse la tendencia, el Ejecutivo deberá optar entre reducir el gasto, sumar ingresos adicionales o ampliar los créditos presupuestarios si pretende conservar la meta de superávit primario del 1,6% del PBI.
Durante el primer semestre, el Gobierno dispuso una serie de adecuaciones presupuestarias. A la prórroga del presupuesto 2023, formalizada con la decisión administrativa 3/25, se agregaron sucesivos ajustes: el DNU 186/25 autorizó una poda de gastos por $8.075 millones; luego, la Decisión Administrativa 10/25 incrementó el crédito vigente en $24.800 millones; y recientemente el DNU 425/25 amplió recursos en $43,86 billones y gastos por $31,39 billones.
El reporte de ASAP destaca que, hasta junio, el resultado financiero y primario acumulados fueron positivos, apuntalados por ingresos extraordinarios de utilidades del Banco Central en abril. Sin ese ingreso puntual, el superávit se reduce de $13,93 a $1,64 billones en el resultado financiero y de $19,03 a $6,73 billones en el primario.
En términos relativos, el resultado financiero sin las utilidades del BCRA equivale al 2,3% de los ingresos totales de la Administración Pública Nacional, un salto frente al mismo período de 2024, cuando apenas llegaba al 0,8%. Aún así, el contraste con 2023, cuando el déficit devoraba más de un tercio de los ingresos (34,5%), refleja el cambio de tendencia en el manejo de las cuentas públicas.
Para lo que resta de 2025, el desafío oficial será sostener este equilibrio en un contexto de fuerte presión política y demandas provinciales. La ejecución por encima de la media encendió luces de alerta en el equipo económico, que ya admite que podría ser necesario ajustar partidas o reforzar ingresos para evitar desfinanciamiento en un año electoral clave para el Gobierno.
