Cómo será la licitación para privatizar Intercargo y cuál es el precio base

El Gobierno nacional avanzó en el proceso de privatización de Intercargo y definió las condiciones, plazos y mecanismos de la licitación pública nacional e internacional, que tendrá como objetivo la venta del 100% de las acciones de la compañía. La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se enmarca en la estrategia oficial de reducir la participación del Estado en empresas de servicios.

La operación se realizará a través de una licitación de etapa múltiple, lo que implica que el proceso se desarrollará en distintas fases, con instancias de evaluación progresiva de las ofertas. Según se estableció, los interesados podrán presentar propuestas hasta el 7 de mayo a las 09:30 horas, mientras que la apertura de sobres se realizará ese mismo día a las 10:00, de forma electrónica y automática mediante el sistema oficial.

El procedimiento estará centralizado en la plataforma CONTRAT.AR, donde los oferentes deberán estar previamente registrados para participar. En tanto, las bases y condiciones podrán consultarse hasta el 27 de abril, lo que deja un margen de tiempo para el análisis técnico y la preparación de propuestas. Además, la convocatoria será difundida tanto en el sitio oficial del Ministerio de Economía como en DGMARKET, la plataforma del Banco Mundial, con el objetivo de garantizar alcance internacional.

Uno de los puntos clave del proceso es el precio base fijado en USD 45.120.000, monto mínimo que deberán respetar todas las ofertas para ser consideradas válidas. A partir de ese piso, se evaluarán las propuestas en función de criterios técnicos, legales y económicos.

En paralelo, se conformó una Comisión Evaluadora de Ofertas "ad hoc", encargada de analizar, calificar y emitir dictamen sobre las presentaciones. Este equipo tendrá la responsabilidad de garantizar la transparencia del proceso, mientras que la Secretaría de Transporte fue facultada para resolver cuestiones técnicas o formales que puedan surgir durante las distintas etapas de la licitación.

El esquema contempla la participación tanto de empresas nacionales como internacionales, aunque con ciertas condiciones. En el caso de las firmas extranjeras, deberán constituir una sociedad en Argentina o iniciar ese proceso antes de la adjudicación, mientras que también se habilita la presentación de ofertas conjuntas entre varias compañías, siempre que asuman responsabilidad solidaria e ilimitada frente al Estado.

El proceso también establece una serie de restricciones. No podrán participar organismos del sector público nacional, provincial o municipal, ni entidades controladas por estos niveles del Estado. Asimismo, quedarán excluidas aquellas empresas o personas jurídicas con antecedentes de incumplimientos graves, sanciones administrativas o causas vinculadas a delitos contra la administración pública.

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En materia de transparencia, el pliego prevé mecanismos estrictos de control. Cualquier indicio de corrupción, ofrecimiento de dádivas o intento de influir en el proceso será motivo de exclusión inmediata, además de la correspondiente denuncia ante la Oficina Anticorrupción y la Justicia.

La privatización de Intercargo se da en un contexto de apertura del mercado de servicios de rampa, donde actualmente existen 11 empresas habilitadas. En este escenario, el Gobierno busca incrementar la competencia y desarticular la posición dominante que la compañía mantiene en aeropuertos clave como Aeroparque, donde incluso aerolíneas con servicios propios dependen de su infraestructura.

De concretarse, la operación marcará un cambio estructural en el sector aerocomercial, no solo por el traspaso de la empresa al sector privado, sino también por el nuevo esquema competitivo que se busca consolidar en los servicios de asistencia en tierra en todo el país.