Iscamen: muchas irregularidades y pocas respuestas

Iscamen tiene empleados estatales, pero trabajan bajo las órdenes de una entidad privada que ejerce como organismo de control de leyes provinciales y nacionales. En la legislatura negaron tres pedidos de informes.

Los reclamos de un grupo de empleados del Iscamen (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza) por diferentes situaciones relacionadas con sus tareas, cuyas irregularidades fueron denunciadas hace años pero nunca terminaron de solucionarse, revelan cómo las estructuras estatales y los entrecruzamientos terminan en un descontrol que va desde un posible desmanejo de fondos públicos hasta la completa ineficacia en controlar la trata de personas

El reclamo inicial parte de algunos empleados del Iscamen, encargados de las Barreras Sanitarias: son los que controlan cada vehículo que ingresa a Mendoza en busca de alimentos que puedan llegar a ingresar con alguna enfermedad o plaga, como la mosca de la fruta, aftosa u otras. Estos empleados son pagados por el estado provincial, pero responden a una entidad privada que es la Fundación Coprosamen y, en su reclamo, dicen que esa situación los deja como en un limbo donde no pueden ascender ni tienen igualdad con el resto de los empleados públicos. 

Ese reclamo fue presentado ante la Fiscalía de Estado en diciembre de 2019 por el sindicato CTA, que agregó a la poco clara situación laboral, el hecho de que estos controles, que responden a normativas nacionales y provinciales, sean manejados por una entidad privada que, además, recibe dinero tanto de la provincia como de la Nación

Gabriel Grau, uno de los inspectores de BAS (barreras sanitarias) de Iscamen, explicó a Memo que "la fiscalización y control no las puede hacer un privado porque son leyes que hay de por medio, es una situación totalmente irregular porque los controles de las leyes son potestad del Estado".    

Gabriel Grau atendiendo aves de contrabando que confiscaron

Fiscalía de Estado, sin embargo, archivó el reclamo realizado por CTA luego de recibir la respuesta por parte de Iscamen, en la que aseguran que las quejas de los trabajadores "confunden sistemáticamente dos temas claramente diferenciados en el Derecho Administrativo: LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA", y presenta pruebas de jurisprudencia en las que responden sobre el tema contractual, pero nunca se responde sobre por qué una tarea de fiscalización que responde a normativa estatal, recae en manos de una fundación privada

El presidente de Coprosamen, Alejandro Molero, en este sentido explicó: "Coprosamen es el único órgano habilitado para llevar adelante las campañas de control de sanidad, se dispuso así por ley nacional. Las 'Coprosa', que son Comisión Provincial de Sanidad y están en cada provincia, son las únicos autorizadas por la Nación". Agregó que "son organismos manejados por los productores agropecuarios y que "Coprosamen no tiene ninguna relación con Iscamen, solo se hizo cargo de una parte del personal". 

Molero explicó que se trata de empleados que pertenecían a una institución estatal que se cerró y que "crearon una figura especial en la que la Coprosamen los contrataba y el Estado provincial les pagaba un porcentaje, como una cooperativa de trabajo. Coprosamen contrata personal por cuenta y orden del Iscamen, se hizo así porque al privatizarse las empresas el Estado no podía absorber la masa salarial de esos empleados".

Esta situación poco clara incluso mereció que la senadora Mercedes Derrache presentara varios pedidos de informes sobre diversos balances tanto de la Fundación Croposamen, como a Iscamen, y también sobre los convenios firmados entre ambas. Las dos entidades, en diversos fallos del Tribunal de Cuentas de Mendoza, registran objeciones por irregularidades en los fondos recibidos por parte del gobierno provincial y también por parte del nacional, pero que no están especificados en los pedidos de informes de la senadora que, además, no fueron aprobados en la Legislatura. En definitiva, nadie va a responder. 

Mientras tanto, al hecho de que exista poca claridad en el manejo de esos fondos, que son cerca de 2.200 millones de pesos, se suma que estos empleados "cooperativizados", según Molero, trabajan revisando camiones cargados de sustancias tóxicas (como el Bromuro de Metilo que se utiliza para matar la mosca de la fruta), o guano y hasta deben lidiar con el contrabando de fauna sin elementos de bioseguridad ni estudios médicos periódicos. 

Y algo más grave aún: los inspectores de las barreras sanitarias, si bien están para controlar a nivel fitosanitario, revisan cada vehículo que entra y algunos específicos que salen de la provincia: "En los controles hemos encontrado desde pesticidas que venían con aparatos para realizar mamografías, tráfico de fauna, de armas y hasta nos hemos dado cuenta de casos de trata de personas, pero cuando damos aviso a la policía no nos escuchan. Dejamos en evidencia la inoperancia de otros sectores del gobierno y por eso nos sacaron de los controles como Desaguadero y no nos dejaron hacer más estadísticas", dijo Gabriel Grau.

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