Tráfico ilícito

Iscamen tiene empleados estatales, pero trabajan bajo las órdenes de una entidad privada que ejerce como organismo de control de leyes provinciales y nacionales. En la legislatura negaron tres pedidos de informes.

El requerimiento de elevación a juicio comprende a once personas, entre las que se encuentra un funcionario aduanero. Se les atribuyen esos delitos en torno a la importación de mercaderías en 2017 y 2018 desde países asiáticos y previo paso por Chile, por 56 millones de pesos. Hay otros dos acusados con pedido de captura.

La diputada provincial María José Sanz saca a la luz un tema espinoso, una deuda: combatir el tráfico de recién nacidos en el mundo.