La inseguridad alimentaria afecta a uno de cada tres niños y adolescentes en Argentina

Aunque el país produce suficientes calorías y proteínas, el acceso a alimentos variados y nutritivos sigue limitado por costos, desigualdades productivas y pérdidas en la cadena alimentaria, según estudios recientes.

La situación alimentaria en Argentina sigue siendo crítica: en 2024, el 35,5% de los niños y adolescentes experimentó algún grado de inseguridad alimentaria. La malnutrición persiste, con dietas poco variadas y un acceso condicionado por factores económicos y productivos, según un informe coordinado por Sergio Britos, vicepresidente del XXIII Congreso Argentino de Nutrición.

Más de 26 millones de personas presentan exceso de peso, mientras que déficits de hierro, vitamina D, calcio, zinc y ácidos grasos esenciales afectan incluso a los más pequeños durante sus primeros años de vida. Esto refleja un contraste preocupante: según la FAO, la disponibilidad nacional supera las 3.300 calorías y los 120 gramos de proteínas por persona, pero la producción de verduras, frutas, legumbres y lácteos es insuficiente, mientras que carnes rojas, granos y harinas predominan en la dieta cotidiana.

El sistema productivo argentino combina tecnologías modernas y prácticas más sostenibles, como la siembra directa, pero mantiene rezagos en productividad, desigualdad entre provincias y escaso incentivo para diversificar cultivos hacia alimentos más nutritivos. A su vez, la logística y distribución de alimentos generan un importante impacto ambiental y contribuyen a pérdidas y desperdicios significativos en hogares, comercios y supermercados, lo que limita la eficiencia del sistema.

El acceso a dietas equilibradas también se ve afectado por los precios. En promedio, una alimentación saludable cuesta un 37% más que la Canasta Básica de Alimentos, y 100 calorías de alimentos nutritivos pueden ser hasta siete veces más caras que la misma cantidad de harinas o panificados. La elevada carga impositiva explica buena parte de esta brecha: alrededor del 40% del precio de los alimentos corresponde a impuestos, no a costos de producción, obligando a los hogares más pobres a reducir la calidad de sus dietas y aumentando la desigualdad nutricional.

En materia de políticas públicas, el Etiquetado Frontal de Alimentos cumple casi dos años con buena aceptación social, aunque aún no hay evidencia de cambios significativos en el consumo. Expertos coinciden en que este etiquetado requiere complementarse con educación alimentaria y estrategias integrales en escuelas. Comedores escolares y comunitarios siguen siendo esenciales para garantizar seguridad alimentaria, aunque enfrentan desafíos relacionados con la calidad nutricional y la gestión. Por otro lado, la discontinuidad de programas como ProHuerta y el carácter no alimentario de algunas transferencias sociales limitan su efecto sobre la nutrición.

Transformar el sistema alimentario argentino demanda políticas sostenidas e integrales que conecten producción, precios, educación y sostenibilidad ambiental, asegurando que toda la población pueda acceder a dietas variadas, nutritivas y asequibles.

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