La mitad de los argentinos recibe algún tipo de asistencia del Estado

Los datos se desprenden del informe del Observatorio de la Deuda Social de Argentina. También confirma que aumentó la indigencia y la inseguridad alimentaria.

El último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA arrojó datos alarmantes en cuanto a la inseguridad alimentaria y la indigencia en el país. Asimismo, confirma que la clase media es una de las más castigadas.

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El informe sostiene que hay 17 millones de pobres y la inseguridad alimentaria se elevó al 23,3% de la población.

De esta manera queda detallado que la inflación produjo que la pobreza ascienda del 42.4% del 2021 al 43,2% en el 2022.

La pobreza es más elevada que en la prepandemia y llega a 17 millones de argentinos, tal es así que el nivel de probreza en los sectores medios no profesionales pasó del 14,6% en 2021 al 18,2% en el último año.

Otro dato significativo que plantea el informe del Observatorio de la Deuda Social es que la cobertura de los programas sociales del Gobierno ha crecido exponencialmente en los últimos años. Así, pasó a cubrir del 44,7% de la población en el 2021 al 51,7% el año pasado. El documento revela que si en la Argentina no se dieran planes sociales o ayuda estatal para los más necesitados la tasa de pobreza alcanzaría el 50%, es decir, 11 puntos por encima que el nivel actual.

La indigencia afecta con más intensidad a niños y adolescentes: mientras que a nivel general, la indigencia alcanzaba al 8,1% de la población en el tercer trimestre de 2022, en el grupo de niños y adolescentes de 0 a 17 años dicha tasa asciende al 13,1%.

El otro dato alarmante del informe es que la inseguridad alimentaria experimentó un incremento sostenido a lo largo del período marcando su punto más alto en 2020 con la pandemia.

Así, la inseguridad alimentaria severa que llega al 9,4% general se profundiza en los sectores bajos marginales que llega al 25,5% de la población.


Trabajo y desempleo

Las evidencias confirman también un empeoramiento creciente de la inserción laboral de los hogares y de la población entre 2017 y 2019, a partir de lo cual la exclusión social se estabiliza -aunque en niveles muy altos de descarte laboral. Sin embargo, el período 2019-2022 tiende a revertir o a estabilizar la tendencia a nivel del promedio.

El nivel de empleo pleno baja del 42,1% en el 2021 al 40,3 en el 2022. Y algo similar ocurre con el empleo precario que en 2021 era del 29,7% y llegó al 28% el año pasado.

De esta manera, el informe revela también que luego de crecer el desempleo y el subempleo, entre 2017 y 2019, la desocupación tiende a retraerse entre 2020-2022, tanto por una recuperación de los empleos plenos como de los subempleos de indigencia.

Destaca la mejora observada en los estratos de clase y residenciales más pobres y vulnerables, pero también las fuertes desigualdades persistentes.

Actualmente, casi uno de cada tres ocupados realiza sus actividades en la denominada "economía social y solidaria", es decir no es asalariado, así como tampoco un empleador de otros.

Asimismo, se destaca el hecho de que bajo un contexto en donde el conjunto de los trabajadores pierde ingresos laborales reales desde 2017 -si bien de manera más moderada entre 2019-2022-, y al mismo tiempo, se reduce la brecha de las remuneraciones, siguen siendo los trabajadores de la economía social el segmento estructuralmente más pobre del mundo del trabajo.

En 2017 un trabajador del sector privado formal cobraba 171.000 pesos en promedio mientras que el año pasado pasó a recibir $110.000. Lo mismo ocurrió con el sector público que pasó de ganar 117.000 pesos en 2017 a 79.000 en la actualidad. 

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