Reforma laboral: incentivos, flexibilidad y nuevas reglas en el trabajo
La iniciativa presentada por la diputada Romina Diez propone actualizar la Ley de Contrato de Trabajo, habilitar modalidades más flexibles, otorgar beneficios fiscales a empresas que generen empleo y permitir el pago en cuotas de las indemnizaciones.
Tras el resultado electoral que fortaleció su posición en el Congreso, el Gobierno nacional decidió volver a poner sobre la mesa la reforma laboral. El proyecto, elaborado por la diputada Romina Diez bajo el título "Ley de Promoción de Inversiones y Empleo", retoma el borrador presentado a fines de 2024 y busca convertirse en la base de un nuevo marco regulatorio.
La propuesta, acompañada por legisladores de distintos bloques, busca modernizar la legislación laboral argentina, acercándola a los esquemas vigentes en otros países de la región. Entre sus ejes principales figuran la flexibilización de contratos, cambios en las indemnizaciones, ampliación de la jornada laboral, incentivos fiscales a la contratación formal y nuevas reglas para licencias y vacaciones.
Actualización del régimen laboral
El texto plantea una revisión profunda de la Ley de Contrato de Trabajo, incluyendo la redefinición del principio de irrenunciabilidad y una mayor capacidad del empleador para modificar tareas, horarios o modalidades, siempre que no se alteren las condiciones esenciales del vínculo. En caso de que el trabajador considere que estos límites se vulneraron, podrá considerarse despedido sin causa.
También se incorporan nuevos plazos para impugnar sanciones disciplinarias: el empleado tendrá 30 días corridos desde la notificación para cuestionarlas.
Beneficios sociales y remuneraciones
El proyecto amplía el concepto de beneficios sociales no remunerativos, incorporando prestaciones como comidas, útiles escolares, telefonía móvil o acceso a internet para el trabajador y su grupo familiar. Estos beneficios no integrarán el salario, salvo las excepciones expresas que establezca la ley.
En cuanto a los pagos, se habilitan nuevas modalidades de cobro -en efectivo, cheque o acreditación bancaria- y se autoriza la emisión digital de los recibos de sueldo, siempre que detallen todos los conceptos y deducciones correspondientes.
Vacaciones más flexibles
Las vacaciones podrán fragmentarse en períodos de al menos una semana, y los trabajadores tendrán derecho a tomarlas en temporada estival una vez cada dos años, salvo que renuncien voluntariamente a ese beneficio. Las parejas o familias que trabajen en la misma empresa podrán pedir el goce simultáneo de sus vacaciones.
Los convenios colectivos podrán, además, definir nuevas modalidades de descanso y gestión de horas extras, incluyendo bancos de horas o francos compensatorios, con un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.
Licencias y enfermedad
En caso de enfermedad o accidente, se mantienen los períodos de licencia paga:
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3 o 6 meses, según si el trabajador tiene menos o más de cinco años de antigüedad.
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6 o 12 meses si tiene cargas de familia.
Se introduce un nuevo procedimiento de verificación de certificados médicos, a cargo de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, que podrá convocar peritos o aplicar sanciones a profesionales.
Si tras el vencimiento del período de licencia el empleado no puede reincorporarse, el empleador deberá mantener el puesto durante un año adicional, tras lo cual cualquiera de las partes podrá extinguir el vínculo sin indemnización.
Indemnizaciones y litigios
Uno de los puntos más sensibles es la modificación del régimen indemnizatorio. El texto permite que las micro, pequeñas y medianas empresas abonen la indemnización en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas.
Además, el cálculo de intereses sobre créditos laborales no podrá superar el capital actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa del 3% anual.
También se limita el pacto de cuota litis en los juicios laborales al 20% del monto total de la sentencia, buscando reducir la litigiosidad en el sistema.
Régimen agrario y exclusiones
El proyecto redefine el alcance del trabajo agrario, excluyendo a quienes desarrollen tareas industriales, turísticas o comerciales, o a los empleados domésticos. Se mantiene la responsabilidad solidaria de las empresas que contraten trabajadores a través de terceros, pero se excluye a los propietarios de tierras improductivas que las arrienden.
Incentivos fiscales para generar empleo
El capítulo de promoción al empleo prevé bonos de crédito fiscal para las empresas que incorporen nuevos trabajadores en los primeros 18 meses de vigencia de la ley.
El beneficio se aplicará durante doce meses y variará según el tamaño de la firma:
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100% para microempresas
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75% para pequeñas
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50% para medianas
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25% para grandes compañías
Solo se otorgará si la contratación implica un aumento neto del personal y si el nuevo empleado no tuvo trabajo formal en los tres meses previos.
Los impulsores
Acompañan la iniciativa los legisladores Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Nicolás Emma, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano, entre otros.
Con este proyecto, el oficialismo busca reabrir un debate que promete fuerte discusión parlamentaria, pero que considera clave para atraer inversiones, reducir la informalidad y alinear la normativa laboral con las transformaciones del mercado de trabajo.